El Servicio de Administración de Rentas (SAR) solicita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que suspenda el otorgamiento de beneficios fiscales a nuevas empresas del sector agrícola porque están realizando una revisión de las exoneraciones fiscales.
Mediante un oficio, el director del SAR, Marlon Ochoa, le explica a la ministra de la SAG, Laura Suazo que durante la revisión exhaustiva que realizan han constatado que a lo largo de la historia varias empresas han gozado de beneficios fiscales sin cumplir con los objetivos establecidos en las leyes que los crearon o modificaron, es decir, que desnaturalizaron la finalidad de la exoneración.
Asimismo, señala que otras empresas han seguido gozando de dichos beneficios fiscales sin ningún tipo de control efectivo a posteriori por el incumplimiento de obligaciones en las leyes o reglamentos de fomento al turismo por parte del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que conlleve a la cancelación de la inscripción al régimen o en su defecto, la emisión de informes técnicos por un uso indebido de beneficios a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a efecto que esta proceda a ejercer sus facultades legales pertinentes.
De igual manera, los beneficios fiscales de este régimen no son temporales y decrecientes, incumpliendo con las características esenciales de un incendio tributario que fomente la inversión nacional o extranjera en un Estados.
La misiva del servicio de la SAR significa que si hay empresas o productores que están en tramite para que los exoneren quedarían en espera hasta que el SAR y toda esta comisión interinstitucional termine la revisión de las exoneraciones, aquí incluye grandes agroindustriales, comercializadoras y productores.
El objetivo de esas exoneraciones de impuestos sobre venta a productos y maquinaria agrícola tienen como objetivo crear empleos en el sector rural y bajar los precios de los productos y alimentos agrícolas.
El SAR trabaja en esta revisión junto a la Secretaría de Finanzas, la Administración Aduanera, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la misma fue enviada a la titular de la SAG el 8 de julio de 2022.
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