El juez de Letras de Islas de la Bahía, Allan Urbina, se pronunció ante los numerosos señalamientos vertidos recientemente contra el Poder Judicial de dicho departamento motivados por manejar el caso del estadounidense, Gary Johnston, acusado de trata de personas.
En ese sentido, el letrado desconoce la causa de los comentarios negativos contra el sistema de justicia, asegurando que todos los expedientes son públicos, a excepción de los que el interés es un menor de edad y pueda tener reserva.
Asimismo, manifestó que todo funcionario judicial está sujeto a la investigación, por lo que el Juzgado Departamental de Islas de la Bahía está abierto para esclarecer cualquier cuestionamiento.
«Decir que la clase empresarial es la que de alguna manera tiene controlado las decisiones judiciales es algo muy irresponsable», consideró Urbina.
«Los jueces a diario tenemos nuestros razonamientos cuestionados. El ser juez no es fácil a veces es una función injusta e incluso a veces ingrata. Todo ciudadano debe comprender que en un juicio alguien va a ganar», agregó el letrado.
Acusaciones de la viceministra de Seguridad
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ha compartido inseguridades propias desde que se conoció que la causa contra Johnston sería trasladada del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, Cortés, al Juzgado Departamental de Islas de la Bahía.
«No queríamos que el caso se manejara en las Islas de la Bahía, porque ahí las autoridades de ese sector están confabulados con los intereses creados de los poderosos», manifestó el 2 de septiembre la viceministra de Seguridad.
El mismo día, manifestó que personas con poder económico tienen la capacidad de cometer este tipo de delitos y «puede borrar sus huellas en caso de haber sido denunciados».
«No es posible que este caso sea visto como una cualquier bagatela de caso que se lleva a las Islas de la Bahía, donde no están preparados. Donde los jueces limpian los casos, le limpian su récord delictivo. No puede ser que el control del don dinero llegue a manipular la verdad en Honduras», cuestionó.
Acusación contra Johnston
El 29 de agosto Gary Johnston, de 63 años, fue arrestado tras un allanamiento a su vivienda en Roatán, Islas de la Bahía, donde se encontró a una menor de 12 años privada de libertad a quien presuntamente le entregaba ropa, dinero y celulares a cambio de sostener relaciones sexuales.
Se le remitió el 31 de agosto al Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, donde se le dictó detención judicial, la cual cumple en en el centro penal de El Progreso, Yoro.
El norteamericano es imputado por trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial en perjuicio de testigos protegidos y su causa se maneja en «secretividad» para garantizar la dignidad de las víctimas y evitar la fuga de otros posibles implicados.
Este día comparecerá en la audiencia inicial en Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, luego que se consideró que su expediente no tiene relación con el crimen organizado, siendo innecesaria la participación de un juez con jurisdicción nacional como lo era el de San Pedro Sula.
Vinculación con desaparición de Angie Peña
Villanueva aseguró que el estadounidense está involucrado en la desaparición de Angie Peña, joven de 23 años cuyo paradero es desconocido por las autoridades desde el pasado 1 de enero cuando navegaba las aguas de Roatán, Islas de la Bahía.
Asimismo, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, informó que dentro de la vivienda de Johnston se encontraron videos y más pruebas que pueden comprobar de que Angie estuvo en su vivienda.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez informó que en dicho allanamiento decomisaron más de 30 dispositivos electrónicos, cuyo contenido sería crucial en el caso.
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