Una decena de organizaciones nacionales e internacionales pidieron a Honduras decretar el estado de emergencia humanitaria para hacer frente a la afluencia masiva de migrantes en situación de movilidad humana en el oriente del país centroamericano.
En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron la necesidad de «emitir un decreto de emergencia» para activar de forma «inmediata» un mecanismo de «respuesta ordenada» desde las diferentes instituciones del Estado, con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. «Esta respuesta implica atención a la población migrante con un enfoque de derechos, integral y diferenciado», señalan las organizaciones, que detallan que cerca de 7.000 extranjeros en condición irregular han ingresado a Honduras por la región oriental en el primer trimestre de 2022.
El decreto también debe «atender a las obligaciones internacionales contraídas en cuanto a estándares de protección a las personas migrantes, que incluyen el respeto a los principios de acción sin daño, interés superior de los niños y las niñas, la no devolución y acceso a procedimientos de las personas solicitantes de asilo, atención inmediata a las víctimas de trata y tráfico de personas, entre otros», añaden.
Respuesta inmediata.
Las organizaciones, entre ellas Plan Internacional y la Pastoral de Movilidad Humana, de la Iglesia católica de Honduras, hicieron un «llamado urgente» al Estado de Honduras para que pueda dar una «respuesta inmediata» a estas personas que se encuentran en «extrema vulnerabilidad». Además, exhortan al Parlamento hondureño a impulsar «reformas inmediatas» a la Ley de Migración y Extranjería para exonerar el cobro de multas, que ronda los 220 dólares, a los migrantes por haber ingresado de forma irregular al país. Agregan que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por el Estado hondureño en 2018, establece que se deben «respetar los derechos humanos en las fronteras y llevar a cabo un examen, una evaluación y una derivación de los migrantes basados en los derechos humanos».
Establece además que los estados se comprometen a «examinar las políticas y prácticas pertinentes para asegurar de que no creen, exacerben ni aumenten involuntariamente la vulnerabilidad de los migrantes, aplicando un enfoque basado en los derechos humanos».
Política migratoria con enfoque de DD.HH.
Los operadores de Justicia deben «atender, dar respuesta inmediata y efectiva a las denuncias realizadas por las distintas organizaciones y las propias personas migrantes, quienes son víctimas de acciones ilegales, agresiones físicas y verbales, trata, tráfico de personas, entre otras violaciones a sus derechos humanos», indica el comunicado. Las organizaciones solicitan al Gobierno hondureño implementar «medidas positivas» que incluyan sensibilizar a la población, autoridades migratorias y otras instituciones, para luchar contra la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes.
Piden también a Honduras «convocar de forma urgente» la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para la definición de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, coherente con la realidad actual de la migración. Las organizaciones instaron a la comunidad internacional a «sumar esfuerzos en la gestión humanitaria de la crisis y el abordaje de esta situación, desde los diferentes espacios de discusión regional e internacional bajo la premisa de la corresponsabilidad que existe en la gestión de los flujos migratorios para una buena gobernanza en las migraciones».
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