"Presentamos denuncia, documentos e información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución política ilegal que ha ordenado el gobierno radical de Libre contra todos los opositores con el objetivo de callar a todos los que les señalan sus ilegalidades", escribió Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista.

Los diputados del Partido Nacional (PN) Tomás Zambrano y Antonio Rivera, presentaron ayer jueves una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Honduras por presunta «persecución política».

Zambrano, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, fue el encargado de dar a conocer la noticia, tras publicar el documento que presentó ante la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

«Presentamos denuncia, documentos e información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución política ilegal que ha ordenado el gobierno radical de Libre contra todos los opositores con el objetivo de callar a todos los que les señalan sus ilegalidades», escribió Zambrano.

En el escrito presentado por los congresistas hondureños se señalan las supuestas acciones que se desarrollan por parte del Gobierno hondureño. Esto, con el objeto de generar un clima de amedrentamiento que desincentive la participación política.

Lo cual, según denuncian en la carta los diputados nacionalistas, se traduce en una grave afectación al funcionamiento de la democracia; poniendo en riesgo sus derechos a la libertad personal, el derecho a la vida, a la integridad y el derecho a la participación política.

Solicitan medidas cautelares

De igual forma, se solicitó que, de carácter urgente el otorgamiento de medidas cautelares para prevenir daños irreparables, por encontrarse en grave riesgo el derecho a la libertad de expresión; derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y el derecho a la participación política de diputados que forman parte de partidos de oposición en Honduras.

Finalmente, en la misma misiva denuncian que se están materializando nuevos eventos de riesgo como intervención de comunicaciones y mecanismos de escuchas.

Esto, con el objetivo de amedrentar a la oposición a través de los entes de persecución penal; como el hostigamiento mediante amenazas con perseguir criminalmente ante el señalamiento de errores y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno.

Hasta el momento la presidenta de Honduras no ha respondido a esta denuncia, tampoco su esposo y asesor presidencial, Manuel Zelaya, ha reaccionado.

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