Las familias de hondureños muertos por COVID-19 en Estados Unidos están aprendiendo con dolor que «en nuestro país hay leyes, leyes y cantidad de leyes que no aplicamos», dice a Efe la diputada Edinora Brooks, que fue la promotora de una norma dirigida a ayudarles a repatriar sus restos.
«Estoy altamente frustrada», señala Brooks, que se encuentra en Florida para reunirse con las comunidades hondureñas como la Fundación 15 de Septiembre de Fort Lauderdale.
La diputada lamenta que no le «consta» que la «Ley temporal de apoyo a los migrantes hondureños en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus, mediante la repatriación de restos humanos cremados de hondureños fallecidos en el exterior», esté dando los frutos pretendidos y culpa de ello al Gobierno.
La norma entró el vigor el 18 de mayo pasado con el fin de que el trámite de reclamar la ayuda para la repatriación y obtenerla fuera más rápido que el de otra ley que también contempla ayudas para ese fin pero exige muchos requisitos a los posibles beneficiarios.
HONDUREÑOS EN EE.UU.
Se calcula que hay unos 1,5 millones de hondureños viviendo en el extranjero, la gran mayoría en Estados Unidos, los cuales envían remesas a sus familias que en 2019 sumaron 5.400 millones de dólares, lo que significa un 20 % del PIB del país.
En Florida, y especialmente en Fort Lauderdale, hay una comunidad de unos 350.000 hondureños.
Cuando se le pregunta si tiene alguna idea de cuántos hondureños han podido morir a causa de COVID-19 en EE.UU, Brooks señala que no, pues es «imposible» obtener información de los hospitales, ya que no se pregunta nacionalidad a los enfermos que ingresan.
Además, muchos hondureños viven «escondidos» entre «las sombras» por miedo a la deportación, subraya Brooks, que pertenece a uno de los 17 grupos de indígenas y afrodescendientes que hay en Honduras y está afiliada al Partido Liberal.
El supervisor consular de la embajada de Honduras en Washington, Rafael Sierra, dice a Efe que tiene confirmados 45 fallecimientos de hondureños por la pandemia en EE.UU., pero «seguramente hay más».
Sierra señala que desde que la nueva ley entró en vigencia han recibido unas 14 solicitudes para repatriar a fallecidos por el nuevo coronavirus y 10 han obtenido respuesta afirmativa.
Los tiempos que marca la ley -dentro de las dos semanas después de la muerte debe hacerse la repatriación- son imposibles de cumplir cuando los certificados de defunción se demoran hasta un mes, alega.
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