Las organizaciones de sociedad civil habilitadas para participar este miércoles en la asamblea que elegirá a sus representantes ante la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia llegan a un encuentro con el sabor amargo de la exclusión de organizaciones con amplia trayectoria y credibilidad.
Ante esto, crecen las dudas sobre el proceso por la exclusión de 7 de las 64 Organizaciones no gubernamentales (ONG) inscritas para participar. Una de las excluidas es la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), que califica su inhabilitación como una «acción tendenciosa» que busca debilitar su trabajo a favor de la transparencia.
«Estamos teniendo una investigación de parte de Uferco, y eso implica que Foprideh hará las diligencias legales necesarias para poder ahondar sobre el proceso, estamos 100% seguros no ha habido ningún desfalco o acto de corrupción en años anteriores», dijo Melissa Elvir, directora ejecutiva de Foprideh.
También denuncian que se eliminaron expedientes para que algunas instituciones pudieran participar, algo que sería un terrible precedente para la veracidad del proceso, estima en la sociedad civil.
«Por qué quieren levantar un acta notarial sobre el listado que se publicó de parte de la Secretaría de Transparencia, es una pregunta, será que hubo una manipulación o se incluyó algunas organizaciones registradas o lo no estaban cumpliendo con las leyes», se cuestiona Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que solicitar representación ante la JN.
Autoridades responden
Por su lado, en la Secretaría de Transparencia dicen que las ONG fueron excluidas por diversas circunstancias y que el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Secretaria de Gobernación participaron en la determinación.
«Se nos mandó una lista diciendo que estas organizaciones que ellos proponían excluir era porque no habían presentado sus estados financieros, pero no presentar sus estados financieros es una causal para cancelar la personalidad y para suspenderla. Por eso nosotros pedimos que nos enviaran la resolución del Ministerio de Gobernación cancelando o suspendiendo pero desafortunadamente no le enviaron», señaló Edmundo Orellana, secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
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