La ONU instó a Honduras reconsiderar su abordaje a la criminalidad y la violencia a partir de políticas eficaces en materia de prevención.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Tegucigalpa considera que «es importante que Honduras se aleje de políticas de mano dura» para contrarrestar las pandillas, contra las que está en marcha un plan oficial en el país centroamericano.

«Es importante que Honduras se aleje de esas políticas de mano dura que lamentablemente se han dado en países cercanos en la región, que se han traducido en graves violaciones de derechos humanos y han sido completamente ineficaces en el control y en el combate a la criminalidad y la violencia», declaró la titular de la Oacnudh, Isabel Albaladejo.

La extorsión, un gran problema para Honduras

La diplomática expresó su solidaridad con las víctimas de la extorsión, sobre todo con las que están situadas en los barrios en mayor situación de vulnerabilidad.

El martes, Honduras puso en marcha un Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión, acordado hace dos semanas por el Gobierno, a cargo de la Policía Nacional con otros entes del Estado, que incluye un estado de excepción en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, que regirá ininterrumpidamente hasta el 6 de enero de 2023.

Albaladejo subrayó que Honduras, «sin duda, tiene un gran problema, todo el fenómeno de la extorsión», flagelo que en los últimos año ha dejado centenares de muertos y miles de micros, pequeños y medianos empresarios en la ruina, con alta incidencia en el transporte interurbano y servicio de taxis.

«Cuando hablamos de las mal llamadas políticas de mano dura, es importante asegurar un firme y férreo control y combate a la criminalidad y la violencia, pero a partir de medidas que fortalezcan la capacidad de prevención de la violencia y la capacidad de investigación de los hechos de violencia», agregó.

Reconsiderar el abordaje de la criminalidad

En su opinión, se debe trabajar en la profesionalización de las fuerzas policiales a partir de la desmilitarización de la seguridad ciudadana, lo que ha traído consecuencias en la región centroamericana que no se han traducido en garantía de derechos humanos, pero tampoco en un combate frontal a la criminalidad.

Además, la medida oficial es una oportunidad para que a partir del estado de excepción, que suspenderá derechos y libertades fundamentales, «Honduras reconsidere su abordaje a la criminalidad y violencia y a fenómenos tan graves como la extorsión a partir de políticas eficaces en materia de prevención y de investigación de la violencia, pero que no redunden en un sacrificio en términos de derechos y libertades fundamentales de la población».

El martes, la Oacnudh, con motivo del estado de excepción aprobado, hizo un llamamiento «a revisar su contenido a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».

También llamó «a tomar medidas inmediatas de debida diligencia para mitigar los riesgos del estado de excepción y a adoptar respuestas integrales de abordaje a la criminalidad a partir de un enfoque de derechos humanos».

Políticas de seguridad que privilegien la efectiva prevención

Según la Oacnudh, para enfrentar este tipo de criminalidad la respuesta del Estado debe conllevar políticas de seguridad que privilegien la efectiva prevención, investigación y sanción del delito, procurando la desarticulación de estructuras criminales.

«El hecho que casi la totalidad de los 162 barrios intervenidos son zonas de especial vulnerabilidad social, refleja además la necesidad de que el plan de seguridad sea complementado con políticas sociales consistentes y de largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia», añade el comunicado, que además incluye varias recomendaciones al Estado de Honduras.

Albaladejo consideró importante reconocer que existe «una voluntad del actual Gobierno por avanzar en materia de respeto y garantía de derechos humanos y del Estado de derecho».

También reconoció «la apertura que hay de todas las instituciones del Estado por el acompañamiento y la asistencia técnica, y el apoyo que se está brindando desde la Oacnudh», subrayando a la vez que «los problemas de derechos humanos obedecen a factores estructurales y a causas que no se van a resolver de un día para otro».

Marcos Rodriguez

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