La directora del CNA, Gabriela Castellanos, también abordó la elecciones de magistrados de la CSJ y el rol de la Junta Nominadora.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que en Honduras el procurador general de la República, el subprocurador y la junta directiva del Congreso Nacional son «ilegales».

La abogada hizo alusión a que José Manuel Díaz Gáleas y Tomás Emilio Andrade Rodas, procurador y subprocurador, respectivamente, fueron nombrados sin cumplir el requisito de notariado.

Adicionalmente, se debía haber esperado a que los funcionarios que estaban antes, terminaran sus períodos para los que fueron nombrados.

En el caso de la junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Redondo, fue establecida con menos de 50 votos a favor, cuando en realidad se requerían 86, señaló.

En este punto, cabe mencionar que diversos sectores cuestionaron que los votos de Redondo no habían sido de los propietarios, como sí lo fue en la votación de la otra planilla encabezada por el diputado Jorge Cálix.

Castellanos mencionó esos datos en el marco de revisión, desde el Legislativo, del proceso de elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por presuntas irregulares en el nombramiento de la titular Blanca Izaguirre.

Lo anterior, tomando en cuenta que el comisionado de derechos humanos integra la Junta Nominadora para la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que ya se encuentra en marcha.

«¿Usted cree que en este momento, al revisar el proceso de la señora comisionada… en este momento que estamos pendientes la Junta Nominadora… no hay temas políticos?», preguntó Castellanos.

«Tenemos un procurador y subprocurador ilegales. Tenemos una junta directiva del Congreso Nacional ilegal», indicó.

Asimismo, consideró que buscar cambios en instituciones como el Conadeh, es para que la calificación dentro de la Junta Nominadora «favorezcan a unos y se elijan hombres y mujeres que respondan intereses políticos partidarios en la Corte Suprema de Justicia».

Todo recae en la JN

Para evitar la elección de magistrados que sigan una línea partidaria, la responsabilidad recae en la Junta Nominadora.

«Todo depende que persona la integren (…) Si estas instituciones que pueden poner a este representante, realmente valoran la experiencia, conocimiento, pero más allá gente que no se deja comprar, yo creo que podemos tener una esperanza», finalizó Castellanos.

Elección de la CSJ

El Congreso Nacional inició el 29 de julio un nuevo proceso de elección de los 15 magistrados de la CSJ para el período 2023-2030 con la convocatoria para integrar la Junta Nominadora.

Esta la conforman siete organizaciones: Corte Suprema de Justicia, quien la preside; Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

También, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); claustros de profesores de las facultades o escuelas de Ciencias Jurídicas; sociedad civil; y confederaciones de trabajadores.

En tal sentido, cada una de ellas tendrá hasta el 31 de agosto para acreditar sus representantes (propietario y suplente), donde pueden nombrar a un «hondureño notable», si así lo desean.

Posteriormente, la Junta Nominadora abrirá la convocatoria a la autopostulación de aspirantes a magistrados durante la primera quincena de octubre próximo.

Su función se basará en puntuar y descalificar a los candidato con el objetivo de entregar en enero de 2023 una lista de al menos 45 nombres al Congreso Nacional, de la cual se elegirán a los nuevos 15 magistrados.

Para este nuevo proceso se respetará la nueva Ley Especial de la Junta Nominadora aprobada el pasado 18 de julio y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 21 del mismo mes.

Catalina Torres Gámez

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