El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló ayer jueves un segundo informe del “Congreso que votamos al Congreso que tenemos”, relacionado a la labor y producción legislativa.
El informe detalla la distribución de la producción legislativa por partido político; Libertad y Refundación (Libre), impulsó 178 proyectos, el Partido Nacional 109, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 65, el Partido Liberal 58 y la Democracia Cristiana 5.
Otros datos, indican que 18 congresistas presentaron 6 o más proyectos de ley, mientras que 116 legisladores promovieron entre 1 y 5 proyectos de ley.
Además, según la investigación del CNA, un total de 34 diputados propietarios no presentaron iniciativas de ley.
La producción de los diputados por departamento refleja que los representantes de Francisco Morazán y Cortés presentaron la mayor cantidad de proyectos, pero el porcentaje de aprobación es de 11 y 7 por ciento, respectivamente.
También la mayoría de los proyectos aprobados en función de su finalidad corresponden a tres categorías: contratos y convenios, condecoraciones, días nacionales y reformas.
Los diputados propietarios presentaron 337 iniciativas y los suplentes 78. El Poder Ejecutivo remitió 36 iniciativas de ley.
En relación a las 36 iniciativas promovidas por el Ejecutivo, se aprobaron 46 debido a que un solo proyecto a veces deriva en varios decretos.
Presupuesto
En cuanto, a la asignación y ejecución del presupuesto del Congreso Nacional, durante el año 2022 alcanzó un 62.49 por ciento, con respecto a lo asignado, mostrando una subejecución que a la vez refleja una “débil planificación” en la formulación y erogación de recursos por parte de este poder del Estado.
La transparencia y rendición de cuentas por parte del Congreso Nacional continúa siendo una “tarea pendiente”. Prueba de ello, fue el otorgamiento de una “subvención” a algunos congresistas para ser utilizada de manera discrecional, pues hasta la fecha se desconoce quienes recibieron dichos fondos y en qué los ejecutaron, señaló el CNA.
Lo anterior es una práctica que se llevó a cabo en administraciones gubernamentales pasadas, siendo fuertemente cuestionada por diversos sectores, incluidos diputados y diputadas que en la presente legislatura recibieron fondos por este concepto.
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