La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, convocó a los integrantes de la Junta Proponente para el Proceso de Selección de Candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto.
Ráquel Obando invitó a la Corte Suprema de Justicia para que a través de su pleno designe a un magistrado o magistrada para que integre la Junta; a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para que elija a un representante; a las universidades privadas para que nominen a la persona elegida en su reunión de Rectores; y un representante del Colegio de Abogados de Honduras.
Además, a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos; y, un representante de las organizaciones de Sociedad Civil. Las acreditaciones deberán enviarse antes de la media noche del 22 de mayo de 2023, a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
El compromiso por asumir de parte de las personas que lleguemos a conformar la Junta Proponente para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, debe superar el proceso que se llevó a cabo para la elección de la CSJ, a fin de que la ciudadanía experimente una mayor confianza en sus instituciones, se mejore la gestión en la lucha contra la criminalidad y el acceso a la justicia, en esta nueva realidad de recuperación del Estado Constitucional de Derecho, indicó.
En tal sentido, exhortó a las organizaciones e instituciones que van a proceder a elegir a sus representantes, que se esmeren en seleccionar a personas destacadas en su desarrollo profesional y personal, con cualidades de liderazgo e integridad, y con visión democrática, misma que se requiere para hacer realidad los profundos cambios añorados por el pueblo hondureño.
La magistrada también animó a las organizaciones e instituciones para que sus representantes cumplan con un perfil similar a los que la Ley exigió a los miembros del recién proceso de la Junta Nominadora para la elección de la CSJ.
Con la convocatoria, se espera que la escogencia de representantes sin investigaciones ni procesos en curso por violaciones de Derechos Humanos, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos y narcotráfico en cualquiera de sus tipologías, asimismo que no hayan recibido sanciones de sus Colegios Profesionales o Tribunales de Honor; que sean personas que no tengan participación como miembros directivos de partidos políticos u ostenten cargos públicos de elección directa.
También personas que, si han tenido contratos con el Estado, los mismos no hayan sido incumplidos o, actualmente, no estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado. Igual, que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Presidenta de la República y los designados a la Presidencia de la República, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la administración pública, magistrados de la CSJ y el Fiscal General.
Finalmente, agradeció a los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Barra Americana de Abogados (ABA), que han estado prestando su apoyo y asistencia técnica para este importante proceso.
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