La ONU afirmó que la situación de derechos humanos en Honduras durante 2021 estuvo marcada por el aumento de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia y la impunidad como consecuencia de la pandemia y las tormentas Eta e Iota.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Honduras presentó un informe en el que se destaca la situación de derechos humanos en el país en 2021 y en el que enumera 17 recomendaciones al Gobierno. Durante 2021, la oficina de Naciones Unidas constató que la situación de violencia e inseguridad «continuó afectando al país» y tuvo un «impacto agravado» en las mujeres y las personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI).

En declaraciones a Efe, la representante de la Acnudh, Isabel Albaladejo Escribano, expresó su preocupación por la impunidad y la violencia que continúan afectando a Honduras, así como la pobreza -que pasó de 64,7 % en 2019 a 73,6 % en 2021, y la falta de garantías de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta criminalidad «se exacerba contra personas en situación de vulnerabilidad en el país», que registró en 2021 una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes señaló la diplomática, quien lamentó además el asesinato de 318 mujeres y 28 personas de la comunidad LGBTI.

Desmilitarizar la seguridad. 

Las mujeres en Honduras sufren una «situación de discriminación y violencia estructural derivado de la impunidad», indicó Escribano, quien expresó su preocupación por los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. «Es clave que se puedan abordar en este momento políticas y medidas adecuadas de seguridad ciudadana que contribuyan a la desmilitarización de la seguridad pública y, sobre todo, a partir de un enfoque de prevención y de investigación, permitan reducir la criminalidad y la violencia en el país», explicó.

El modelo de seguridad en Honduras en 2021 continuó «fuertemente caracterizado por el rol de las fuerzas armadas que cumplen funciones en materia de seguridad ciudadana», por lo que la ONU reafirmó la necesidad de que el Estado avance en «reducir gradualmente» la presencia de militares en funciones de seguridad y complete la reforma de la Policía Nacional.

Política anticorrupción.

Por otro lado, la oficina de Naciones Unidas, que realizó el año pasado más de 90 misiones en todo el territorio, señaló que la corrupción y su impunidad «siguen siendo un grave problema estructural en el país que socava las bases del Estado de derecho».

Durante 2021 documentó al menos 17 casos de personas, cuyas causas asociadas a la corrupción y lavado de activos, fueron «sobreseídas» tras la entrada en vigor de una reforma al Código Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La reforma supone «una regresión en materia de lucha contra la corrupción», lo que además «dificulta las investigaciones» de prácticas corruptas y «se ha traducido en el sobreseimiento de 17 casos documentados» por la Acnudh, enfatizó Escribano.

La corrupción «merma las bases de todo el Estado de derecho y, además, genera víctimas», subrayó la representante de la Acnudh, quien se preguntó «cuántas personas en el país fueron menoscabada en su derecho a la salud o su derecho a la educación por la desviación de los fondos públicos en casos de corrupción».

Agregó que Honduras tiene «la oportunidad» de diseñar una política anticorrupción desde un enfoque de derechos humanos que permita «fortalecer las capacidades de investigación en la materia, sobre todo de transparencia y rendición de cuentas». Por otro lado, la oficina de la ONU señaló que el acceso a la justicia continúa «afectado por barreras estructurales y problemas sistémicos», como la debilitada independencia judicial, el retardo injustificado de los procesos y la impunidad.

«La pandemia de la covid-19 profundizó estas debilidades», indicó la Oacnudh, quien lamentó que «no hubo avances significativos» en las investigaciones con relación a las supuestas violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya y la crisis postelectoral de 2017.

Catalina Torres Gámez

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