El ministro del Servicio Administrador de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, se presentó este miércoles en el Ministerio Público para presentar pruebas y reiteró sus acusaciones de que la empresa privada del país es una “mafia” controlada por 10 familias.
El funcionario llegó subido en un camión y con cajas llenas de “pruebas” y “evidencias”, mientras era asediado por los periodistas.
En el lugar también están los representantes del Cohep para constatar las pruebas y refutar las acusaciones.
Posteriormente, el funcionario se dirigió a la prensa para sostener sus acusaciones contra la empresa privada del país y revelar que son “más de 20 mil páginas de evidencias” para que el Ministerio Público pueda determinar si corresponde algún requerimiento fiscal.
En un inicio, declaró que se apersonó al Ministerio Público en respuesta al emplazamiento que le hizo el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho.
Con los representantes del Cohep allí presentes, Ochoa dijo que unas cuantas familias “a expensas del bienestar del pueblo han gozado de privilegios bastardos”.
Suman más de 20 mil páginas de evidencias que incluyen declaraciones de impuestos y aduaneras, exoneraciones, expedientes administrativos de varias Secretarías de Estado, actas certificadas del Congreso Nacional y reportes de inteligencia aduanera y fiscal, entre otros, según desglosó el ministro.
Ochoa denunció que el trafico de influencias, fraude y delitos fiscales de estas familias dejó un perjuicio total “que ronda los 1,500 millones de lempiras” contra el Estado de Honduras.
Una de las denuncias que desveló Ochoa, tiene que ver con una empresa que importó un helicóptero sin pagar impuestos, aprovechándose de un régimen que es para incentivar el turismo y se uso para transportar a la familia dueña de la empresa y sus amistades.
Otra denuncia tiene que ver con un grupo económico que uso sus “influencias y conexiones” dentro del Congreso Nacional y con un exministro de Desarrollo Económico para lograr de manera “corrupta” la aprobación de tres decretos, más una resolución y así trasladar “ilegalmente” los beneficios de una empresa en el régimen de zonas libres al de importación temporal con el fin de evitar el pago de impuestos, según reveló.
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