En tal contexto, remarcó que es una estrategia mediática, actuaciones de naturaleza administrativa, que, al no presentar pruebas contundentes de la supuesta mafia del sector privado, “van a responsabilizar al pobre Ministerio Público” tratando de “dañar” la institución.

El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solorzano, manifestó que el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, no presentó pruebas que relacione a la institución con actos de narcotráfico.

“No ha presentado absolutamente nada en contra del Cohep, ha salido con un montón de papeles”, dijo de entrada Solorzano.

“Que juzgue el pueblo hondureño quien está despilfarrando los fondos públicos porque también es corrupción el mal uso de los fondos y vehículos del Estado”, dijo en referencia a las cajas llenas de documentos y carros que usaron los funcionarios para llegar al Ministerio Público (MP).

Por lo que, consideró que todo eso se trató de un “show mediático”, pero que “ya se acabó el tema donde pueden venir y proferir contra instituciones serias como el Cohep, no se va a continuar tolerando si toca defender nos vamos a defender”.

El asesor legal manifestó que, en realidad, es defender la verdad de las mentiras que se les acusa, porque en 56 años de la historia del Cohep se ha “actuado” dentro de la ley.

En tal contexto, remarcó que es una estrategia mediática, actuaciones de naturaleza administrativa, que, al no presentar pruebas contundentes de la supuesta mafia del sector privado, “van a responsabilizar al pobre Ministerio Público” tratando de “dañar” la institución.

Para luego, “criticar” al MP y empezar a pedir un Fiscal contra la impunidad y toda la historia mediática.

Por su parte, el gerente de Política Económica Cohep, Santiago Herrera, dijo que el sector privado ya quisiera recibir un camión con propuestas para enfrentar los desafíos del empleo.

“En ningún momento favorece al clima de inversión, atacar de manera irresponsable no representa ninguna referencia para generar confianza a inversionistas”, advirtió.

Asimismo, argumentó que estos hechos afectan la seguridad jurídica, la certeza y confianza en el Estado de derecho, y que, quienes sufren las consecuencias de los actos de los funcionarios públicos es la gente que no tiene un empleo.

“Nosotros hacemos planteamientos formales como el pacto por el empleo” y apuntó que sí buscan el diálogo para trabajar juntos.

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