El Ministerio Público (MP) informó este martes que tiene avances en la investigación por el caso de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), desde donde se habrían desviado 7 millones 140 mil 529 lempiras con 62 centavos (7,140,529.62).
Con ese dinero se debía indemnizar con 317 mil lempiras a cada familiar de los 104 privados de libertad que murieron en el incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en la cárcel de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado de Honduras a pagar la indemnización.
Al respecto, el MP indicó que mantiene investigada a la exinterventora del INP, Karla Patricia Pavón Bustillo, por apropiación indebida de los más de 7 millones de lempiras.
Como parte de la #OperaciónPoseidónII, el #MP promueve antejuicio contra juez y avanza investigaciones por corrupción en el INP y en proyecto de casas contenedores https://t.co/woy8OmrQfv pic.twitter.com/1l61YMuh9g
— Ministerio Público (@MP_Honduras) February 28, 2023
«La exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH), recursos, a los que en parte, les habría dado otro uso para un provecho personal», dice un comunicado de la Fiscalía del Estado.
El seguimiento a este caso se realiza hoy bajo 20 diligencias prejudiciales por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de la Operación Poseidón II.
Otras diligencias
Como parte de la Operación Poseidón II, el Ministerio Público informó que también da seguimiento al caso de las viviendas contenedores «Residencias Morazán» y Reasentamiento de Pobladores de «Lomas del Diamante», en la salida al sur de Tegucigalpa.
El fin del proyecto era atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales Eta y Iota, entre octubre y noviembre de 2020, pero «hasta la fecha ello no se ha concretado» en Residencias Morazán, y en Lomas del Diamante, «son pocos los contenedores que habrían sido acondicionados y utilizados», indicó el MP.
Las autoridades recabarán indicios y evidencias de posibles vicios de ilicitud y demás aspectos de la compra, adquisición e instalación de las casas contenedores, agregó el comunicado de la Fiscalía.
El MP también da seguimiento a un supuesto desvío de fondos, asignados y manejados por la Secretaría de Presidencia y el Instituto de la Propiedad (IP) en la administración anterior.
Además, el MP prevé presentar un antejuicio en contra de una jueza del circuito judicial de Choloma, Cortés, por presumirla responsable de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en un caso de supuesta adulteración de una sentencia en una declaración de herencia, según el comunicado de la Fiscalía.
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