El asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, apuntó que la iniciativa de Ley de Defensa y Seguridad desarrollada por la mandataria, Xiomara Castro, tuvo el error de pretender reformar la elección del general de la Policía Nacional eliminando el requisito de que este debió formar parte de la institución.
Sin embargo, el expresidente de la nación (2006-2009) explicó que la equivocación fue de la persona que envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, puesto que ya había sido suprimido desde el Ejecutivo.
«La inclusión del artículo 45 fue un error del que envió el proyecto de ley al CN, fue excluido del dictamen y está excluido porque lógicamente el nombramiento del director y subdirector de la Policía corresponde a una nómina que envía la Policía Nacional», manifestó Zelaya.
Este punto fue uno de los que generó resistencia ante la Ley, así lo externó el designado presidencial, Salvador Nasralla, quien se opuso junto a su bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH).
«Tiene razón la bancada (PSH) eso del artículo para que cualquier personas sin ser policía pueda ser el Jefe de la Policía Nacional, nos oponemos», sentenció.
«Dictadura perfecta»
Como defensa a la Ley, ‘Mel’ indicó que esta buscaba retornar al Estado de derecho reestructurando el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
«Este consejo de defensa y seguridad tenía incluidos a los poderes del Estado y entonces eso hacia una dictadura perfecta (…) lo que se armó entonces era un consejo de Estado y no un consejo de defensa y seguridad», señaló Zelaya.
Sin embargo, la Ley de Defensa y Seguridad no fue aprobada por no contar con la mayoría simple (65 votos) en su tercer debate de este jueves 18 de agosto.
Por tal razón, ‘Mel’ indicó que prácticamente contra su voluntad, la presidenta Castro convocará al Consejo con los dispuesto en la ley que data desde 2011.
«Hay varias instituciones paralizadas por no convocar a ese consejo dictatorial, era una estructura que servía para delinquir, Xiomara no ha querido convocar a ese consejo», detalló.
Qué se pretendía
La iniciativa pretendía excluir a tres de seis actuales miembros del Consejo: titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio Público (MP).
Esto con el fin de que fuera conformado por el Poder Ejecutivo, con la presidenta Xiomara Castro, asistido por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto.
También los titulares de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, Cancillería, Dirección de Marina Mercante, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Procuraduría General de la República.
Así como la Dirección de Administración Aduanera de Honduras, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado.
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