Bertha Zúñiga, la hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, dijo este jueves que espera que la demanda presentada contra el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) por su corresponsabilidad en el crimen, siente un precedente para que no vuelva a suceder este tipo de hechos.
«Es muy importante que no queden impunes estos hechos, no sabemos en qué va resultar (la demanda), pero es una gran victoria y ganancia que un pueblo indígena (…) tenga demandado a una entidad tan poderosa y con tanta capacidad financiera como el FMO», explicó a Efe Zúñiga. La demanda presentada el pasado 28 de junio en Holanda contra el FMO «por la complicidad con la corrupción, lavado de activos, malversación y violencia», busca que el Banco Holandés «logre aprender la lección y corrija su práctica en la que son desconocidos los derechos de los pueblos indígenas», subrayó la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Esta acusación llega cuatro años después de otra similar interpuesta también por la familia de Berta Cáceres «por negligencia (del FMO), la asociación comercial con DESA y violar sus propios convenios», comentó Zúñiga. El FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo presidente ejecutivo Roberto David Castillo fue condenado en junio pasado a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Cáceres.
La ambientalista, que fue galardonada en 2015 con el Premio Goldman, fue asesinada en su casa el 2 de marzo de 2016, un suceso por el que en 2019 fueron condenadas siete personas.
Corresponsabilidad indirecta.
Zúñiga aseguró que el FMO «sí conocía los hechos de violencia» contra la comunidad lenca del Río Blanco, donde se pretendía construir la presa Agua Zarca, a la que la ambientalista se oponía por considerar que causaba daños al medioambiente. «El Banco está obligado a conocer sus contrapartes y sus mismas cláusulas establecen conocer el contexto en el que están desarrollando sus inversiones, incluso mandó misiones de observación a monitorear lo que estaba pasando, pese a eso continuó con su relación comercial con la empresa DESA», señaló.
Afirmó además que el FMO tiene «cierta corresponsabilidad indirecta en los hechos de violencia que culminaron en el asesinato de mi madre Berta Cáceres». El FMO se comprometió a financiar con 14 millones de dólares al proyecto de DESA, aunque cuando se retiró del proyecto de Agua Zarca sólo había otorgado la mitad, 7 millones, una cantidad cuya devolución nunca fue exigida, según la activista.
«Es muy importante deducir las responsabilidades (al FMO), aunque no creemos que directamente sabía que iban a asesinarla (a Berta Cáceres)», señaló Zúñiga. Dos días antes del crimen de Berta Cáceres, según la hija de la ambientalista, el FMO realizó una transferencia a DESA por más de un millón de dólares y «creemos que ese dinero se utilizó para asesinarla».
«Se debe determinar la responsabilidad de todas las personas o las instancias que propiciaron la comisión de este delito, estos bancos hacen un ejercicio de colonialismo, públicamente (el FMO) siempre defendió a la empresa DESA, criminalizó al COPINH y tomó partida en ese conflicto desatado por el proyecto Agua Zarca», enfatizó.
Investigación minuciosa.
La familia de Cáceres espera que la Fiscalía de Holanda realice «una investigación muy seria y minuciosa» que permita «deducir la responsabilidad del FMO, para conocer más sobre los delitos financieros en torno al proyecto Agua Zarca y hacer la persecución penal de los autores intelectuales que siguen impunes», dijo Zúñiga. «Se debe deducir entorno al financiamiento de un proyecto que desencadenó la violencia, que incluyeron varias acciones de violación a derechos humanos, el asesinato de mi madre», señaló la coordinadora del COPINH, del que Berta Cáceres fue cofundadora.
Para la familia de la ambientalista es importante que «los hechos irregulares» que conllevaron el asesinato de Cáceres y una oleada de violencia contra la comunidad lenca «sean determinados» y contribuyan a generar «cambios y transformaciones para la no repetición de los hechos». Zúñiga Cáceres pidió a las autoridades de Honduras cancelar la concesión del proyecto Agua Zarca, paralizada tras el asesinato de la ambientalista.
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