El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega decretó, este lunes, el cierre del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una escuela de negocios cuyos bienes pasarán ahora a ser propiedad del Estado, tal como ya ha hecho el régimen con decenas de centros empresariales y educativos en estos últimos años.
La Policía de Nicaragua ya está ocupando las instalaciones.
El boletín oficial nicaragüense publica en su edición de este lunes la orden del Ministerio de Gobernación, que de nuevo vuelve a aludir a irregularidades de tipo administrativo para justificar la anulación de la personería jurídica de una organización ajena al Ejecutivo.
En concreto, acusa al INCAE de no presentar las cuentas de los últimos tres años y de arrastrar “inconsistencias” en las relativas al periodo 2015-2019.
Además, “se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”, según la versión oficial.
Las autoridades aseguran que, además de no cumplir con sus “obligaciones”, el instituto no facilitó “políticas de transparencia” a la dirección ministerial que vigila expresamente la actividad de las ONG en el país centroamericano.
Por todo ello, los bienes que pudiese tener el INCAE quedan de manera “inmediata” a nombre del Estado, lo que permitirá por ejemplo al Gobierno hacerse con el control de su sede.
La ONU enmarca el cierre indiscriminado de organizaciones dentro de la escalada represiva emprendida por Ortega a raíz de las protestas de 2018. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que sólo en 2022 el régimen anuló la personalidad jurídica de más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil y clausuró más de una veintena de medios de comunicación.
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