Los alumnos que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad.

Un informe presentado este lunes por varias organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), revela que más de 54 mil alumnos abandonaron el sistema educativo este año y por ende exhorta a las autoridades a tomar medidas en torno al concurso docente para que sea transparente y permita escoger a los mejores profesionales.

“Se debe posponer concurso docente y de directiva departamental para construir proceso confiable y transparente para seleccionar a los mejores profesionales y garantizar una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños”, inician pidiendo el escrito que aglutina al menos 10 organismos de la sociedad civil hondureña.

En 2021, el 40 % de la población hondureña en edad escolar fue excluida del sistema de educación prebásica, básica y media, y en lo que va de 2022, alrededor de 54 mil 500 habrían abandonado el sistema y en 2018, 70 % de los estudiantes hondureños no lograba el estándar internacional mínimo en lectura y 85% no lo alcanzó en matemáticas.

Los alumnos que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad y, en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños muestran entre dos y tres años de atraso en lectura, matemáticas y ciencia, situación agudizada con el cierre de centros educativos a raíz de la pandemia de COVID.

Bajo este panorama, la convocatoria al concurso para plazas docentes y direcciones departamentales de Educación debe enfocarse en la selección de los mejores profesionales para garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños. En tal sentido, nos pronunciamos en los siguientes términos:

Actualmente no existen las condiciones mínimas -dice el escrito- que garanticen un proceso de calidad, por lo que instamos a las autoridades de la Secretaría de Educación a posponer la fecha de realización de concurso y aprovechar el tiempo para construir un proceso más confiable, transparente, de mejor calidad y prometedor para los educandos y docentes.

Asimismo, añade que el objetivo primordial del concurso debe ser seleccionar, con objetividad y rigor, a los docentes que cumplan con los requisitos y ocupen los primeros lugares en las evaluaciones, bajo un proceso justo y equitativo, con igualdad de condiciones para todos los aspirantes y sin injerencias políticas.

Las evaluaciones deben regirse por normas claras y procesos transparentes, ampliamente difundidos, de manera que los resultados no estén sujetos a discrecionalidad de quienes conforman la Junta de Selección y otorguen garantías legales sin entrar en conflicto con regulaciones aún no derogadas.

En ese contexto, exhorta para que se permita la participación de maestros de educación media representa un retroceso en los estándares educativos con relación a las exigencias internacionales, por ello es necesario mantener como requisito que los postulantes cuenten con el nivel de licenciatura.

El proceso debe ser diseñado contemplando tiempos requeridos para cada una de las etapas, incluyendo la depuración de las plazas, para que los docentes seleccionados sean asignados de acuerdo a las necesidades por zonas geográficas, cantidad de alumnos y centros educativos, solicita la sociedad civil.

Y sugiere que para evitar poner en riesgo la asignación de 14 mil plazas y limitar a los estudiantes de contar con docentes mejor capacitados y con mayor competencia, se recomienda la contratación de un ente externo con capacidad y competencia para la elaboración de las pruebas, en lugar de delegar su elaboración, aplicación y revisión en cada dirección departamental. Esto aportará objetividad, confiabilidad, imparcialidad y validez a los instrumentos utilizados y a las determinaciones adoptadas.

La presencia de organizaciones de sociedad civil, academia, instituciones de transparencia y DDHH a través de una veeduría, será clave para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas durante el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas, desde la inscripción, redacción de pruebas, revisión de instrumentos de calificación de méritos, impresión, aplicación, calificación, reclamos sobre las pruebas y nombramiento de docentes electos.

En ese sentido, alerta que cualquier manipulación del concurso y desviación del objetivo principal de garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños restará justicia, validez, objetividad y confiabilidad al proceso y a la institucionalidad, y sería considerada un fracaso para el sistema educativo.

Catalina Torres Gámez

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