En ese sentido, el funcionario hondureño indicó en una conferencia de prensa que cada vez que entra o sale un contenedor de mercancías al país, este porta un sello de seguridad, conocido como «marchamo o precinto aduanero», el cual tiene un costo de casi 700 lempiras, de los cuales 200 lempiras van directamente para financiar al Cohep.
Según el titular de Aduanas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada percibe millonarias sumas de dinero por servicios que deberían de estar en manos del Estado hondureño.
“La ley de Justicia Tributaria del gobierno de la presidenta @XiomaraCastroZ establece que este servicio abusivo y legalmente entregado al COHEP, lo maneje la administración aduanera de Honduras” @FaustoCalix Director de @AduanasHonduras pic.twitter.com/kZwjd49G3R
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) March 15, 2023
Para el caso, mencionan que además de los marchamos, el Cohep se beneficia en los cobros por los siguientes formularios aduaneros:
- 9A-1 que se utiliza para la entrada y salida temporal de vehículos tiene un costo de 135 lempiras, de los cuales 35 lempiras van para el Cohep.
- 22A que se utiliza para el permiso de salida de embarcaciones, conocido como cabotaje aduanero, tiene un costo de 35 lempiras, de los cuales 10 van para el Cohep.
- 6A que se utiliza como permiso de salida, zarpe aduanero, cuesta 35 lempiras, de los cuales 10 van para el Cohep.
- Declaraciones Únicas Centroamericanas Aduaneras (DUCA), utilizadas para declarar todo tipo de mercancía que se importa o se exporta, cuesta 170 lempiras, de los cuales 35 lempiras van al Cohep.
«Desde el 2014 al 2022 han sido 443 millones de lempiras que el Estado le ha otorgado al Cohep con su complicidad con un golpe de Estado, reelecciones ilegales, fraudes electorales y la venta del territorio», dijo Cálix.
A manos del Estado
Todos estos beneficios se terminarán cuando entre en vigencia la Ley de Justicia Tributaria, aseguran desde el actual Gobierno, presidido por la presidenta Xiomara Castro.
«La Ley de Justicia Tributaria establece que este servicio abusivo ilegalmente entregado al Cohep lo maneje la Administración Aduanera de Honduras con los procesos que ya establece la Ley de Contratación del Estado, en licitaciones abiertas públicas en igualdad de condiciones y de forma transparente», puntualizó.
Desde el Cohep manifestaron que analizarán las declaraciones del director de Adunas y el anuncio de recortar los beneficios de cuatro certificados y luego se pronunciarán.
Mientras este momento llega, algunos sectores le piden al Gobierno como a la iniciativa privada bajarle el tono ruidoso a sus posturas y retomar el camino del diálogo.
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