La bancada del Partido Nacional, volvió a sentar su posición respecto a la polémica ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y a través de un comunicado enlistó los artículos por los cuales no apoyarán la normativa.
De acuerdo al partido de oposición, la ley CNDS es “una amenaza contra los principios democráticos y la libre expresión”.
En el documento, los parlamentarios plasmaron los hallazgos de varios artículos que bajo su consideración atentan y restringen las garantías constitucionales, además de suplantar los poderes constituidos.
En el escrito, también la bancada de oposición detalló que el artículo uno de la ley del CNDS, suprime la autonomía municipal. Asimismo condenó el artículo cinco como peligroso debido a los incisos que se consideran como amenazas al Estado.
Del mismo modo, señalaron que en la nueva ley se criminalizará la protesta, la libertad de los sectores como las iglesias y el transporte.
Además de exponer que la injerencia extranjera será considerada como amenaza y sería motivo para no permitir el ingreso de la Comisión Internacional contra Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) al país.
También señalaron un posible abuso de discrecionalidad, por lo contenido en el artículo ocho asegurando que las reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán de “carácter reservado”.
Asimismo criticaron los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Defensa y Seguridad, contenido en el numeral VII del artículo 9.
Sobre el artículo 15 y la independencia del Ministerio Público consideraron que el nuevo Consejo de Seguridad sería un “fiscal” y pronosticaron que tendrían las competencias que se le atribuye al Ministerio Público.
De igual manera cómo lo hizo la bancada del Partido Liberal, los nacionalistas denunciaron la pretensión a través del CNDS del espionaje telefónico.
En el numeral ocho del comunicado cita textual que: “Artículo No. 18.- Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales y colectivas ni los derechos humanos; siendo esto una clara violación a la intimidad de los ciudadanos”.
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