Una desigualdad de décadas avivada con impopulares reformas políticas detonó el hartazgo por el que miles de colombianos se tomaron las calles desde el 28 de abril. Tras un mes de protestas, algunos frutos han sido visibles. Sin embargo, aún quedan un sinfín de peticiones por resolver. La crisis se agrava mientras las denuncias por las violaciones a los derechos humanos afloran en cada jornada de manifestación en varias ciudades del país.
Las protestas presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributaria y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.
Pero la decisión de la Administración de Iván Duque no logró contener los reclamos, ahora avivados por denuncias de brutalidad policial que derivaron en impactantes focos violentos, especialmente en Bogotá, la capital, y en Cali, la tercera ciudad del país. Las inconformidades se extienden a otras demandas.
Entre ellas, un ingreso básico, oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial, incluidos los llamados para eliminar el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, acusado de reprimir con extrema violencia a los manifestantes. Los ciudadanos también expresan su frustración por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la continua violencia en las zonas rurales, donde son asesinados líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.
Las protestas disminuyen en volumen, pero el pulso sigue sólido
Luego de 30 días, las manifestaciones han atravesado por algunas jornadas con menor flujo de participantes pero focos siempre activos en varias ciudades del país. El 26 de mayo Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidenció una disminución en la asistencia. No obstante, queda demostrado que hay miles de personas elevando sus voces dispuestas a presionar por cambios sustanciales.
El impulso se mantiene. «Las protestas nos afectan, pero es preferible ir a la huelga uno, dos, tres meses que pasar la vida entera con tanta corrupción, sin ayuda del Estado», aseguró el trabajador bancario Eduard Barragán, de 29 años, en el centro de Bogotá.
Si bien la mayoría de manifestaciones son pacíficas, del otro lado, hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes de estallido social han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales. Estos grupos también han salido a expresarse en una especie de ‘contra protesta’.
Frente a la condena internacional por el uso de fuerza excesiva, el Gobierno de Duque asegura que respeta las manifestaciones pacíficas, al tiempo que insiste en que los bloqueos de carreteras no son protestas legítimas y deben ser levantadas.
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