Este tiroteo se produce tres días después que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, anunciara las medidas para la intervención de las cárceles del país.

Una nueva reyerta entre privados de libertad se registró este viernes en la cárcel de “máxima seguridad” El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, dejando varios reclusos heridos que fueron trasladados hasta el hospital ubicado en la zona.

Según versiones, son al menos 10 reos heridos de la pandilla 18, producto de las balas que recibieron supuestamente de la estructura contraria, e incluso, se dijo hubo detonación de granadas.

Mientras eran trasladados hasta el Hospital Santa Bárbara Integrado, uno de los reos dijo que las autoridades de los centros penales están “coludidas”, permitiendo se ingresen armas de fragmentación y de fuerte impacto para la MS-13.

Los relatos de personas que permanecen en los alrededores de la cárcel El Pozo, dan cuenta que el intercambio de disparos duró entre 10 y 15 minutos e incluso se escucharon detonaciones fuertes como las que emiten las granadas.

Se trata de la tercera balacera en los últimos 13 días y la segunda de esta semana tras el anuncio de un decálogo de medidas para recobrar la gobernabilidad en las cárceles. En hechos anteriores han sido varios los reos heridos de bala, e incluso, de manera oficial se informó de un muerto.

Ante esto, la coordinadora de los familiares presos, Delma Ordóñez dijo que lo que ocurre en las cárceles en un claro mensaje a las autoridades para que exista una separación de privados de libertad, especialmente de las estructuras Pandilla 18 y MS-13.

Cuestionó que las medidas anunciadas por la interventora de cárceles son más de lo mismo, es decir lo que se ordena cada vez que ocurren hechos criminales en estos recintos.

“Queremos cambios sustanciales y positivos, que no se violen los derechos humanos, y que no exista únicamente cambio de autoridades”, expresó Ordóñez.

Este tiroteo se produce tres días después que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, anunciara las medidas para la intervención de las cárceles del país, que incluye el bloque de llamadas de celulares, desarme real de los presos y la clasificación de los privados de libertad por peligrosidad.

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