La Red Humanitaria espera que el Congreso Nacional retome el diálogo y apruebe sin dilación la amnistía migratoria para continuar avanzando en la garantía de derechos de las personas.

La Red Humanitaria de Honduras, hizo un nuevo llamado para que las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional retomen la discusión del Proyecto de Ley que incluye la prórroga de la amnistía sobre el pago de la sanción administrativa por ingresar de forma irregular a Honduras.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en el 2023, 545 mil 043 personas, incluyendo 113 mil 986 niños y niñas, ingresaron al país de forma irregular, lo cual representa un incremento del 188 por ciento con relación al 2022.

Ante la falta de aprobación del decreto que permita la vigencia de la amnistía migratoria, que exime del pago de la multa por ingreso irregular a Honduras, la medida humanitaria determinada por el INM contribuye a los esfuerzos en torno a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en movimientos migratorios mixtos, quienes usan canales de tránsito irregulares y se ven expuestas a riesgos, tales como los delitos de trata y tráfico ilícito de personas, y evitar la vulneración de niños niñas y sus familias.

Por su parte, exoneración del pago fortalece la capacidad de gobernanza en materia migratoria y facilita la identificación de personas con necesidades de protección específica y/o protección internacional. Es por ello que la aprobación de la exoneración del pago de la sanción administrativa por ingreso irregular al país fortalece la capacidad de gobernanza en materia migratoria y facilita la identificación de personas con necesidades de protección específica y/o protección internacional, indicó el comunicado.

De acuerdo al pronunciamiento, la medida del INM ha sido una de las medidas estructurales que ha contribuido en el avance de la consolidación de un tránsito digno y seguro por el territorio nacional, dado que fomenta que las personas se aboquen de manera voluntaria a gestionar los trámites administrativos dispuestos por las autoridades competentes para que pueda existir un tránsito ordenado y seguro, con enfoque en derechos humanos.

A través de esta medida se mitigan los riesgos que enfrentan las personas en tránsito, se reducen las violaciones de derechos humanos que pueden sufrir y se disminuyen las causas que les fuerzan a utilizar estrategias como la mendicidad. De igual modo, la medida favorece la reducción de la situación de vulnerabilidad que propicia que sean objeto de trata de personas, especialmente para fines de explotación sexual y laboral, que afecta particularmente a grupos en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y mujeres.

La nota destacó que la amnistía del pago de la multa por ingreso irregular es consistente con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la Declaración de los Ángeles y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), todos ellos son instrumentos en los que Honduras tiene un rol fundamental.

La Red Humanitaria espera que el Congreso Nacional retome el diálogo y apruebe sin dilación la amnistía migratoria para continuar avanzando en la garantía de derechos de las personas en tránsito por el país.

Mientras resaltó que la respuesta coordinada del Estado ha sido crucial para mejorar las condiciones de recepción de las personas en movimientos migratorios mixtos en las comunidades de tránsito y de acogida y para mitigar los impactos que tienen en las mismas. Como resultado, se han disminuido los riesgos de protección que enfrentan las personas en tránsito por el país durante la ruta migratoria.

Además, aplaudió la decisión del INM de habilitar como puntos de entrada las oficinas de Control Interior (El Pescadero) y el Centro de Atención al Migrante Irregular “Francisco Paz” (CAMI), ambos ubicados en el municipio de Danlí y la designación de la oficina de migración en Trojes y el CAMI en Choluteca para el control migratorio y el ingreso a personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad. Esta medida permite otorgar un permiso especial de permanencia de hasta 10 días en el país.

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