El Departamento de Estado de los Estados Unidos divulgó una nueva edición de la Lista Engel, donde identifica a funcionarios responsables de actos de corrupción o de socavar la democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Para la edición 2023, están listados diez hondureños, entre exfuncionarios, un actual alcalde y el presidente de un partido político.
#TPINFORMATIVO Revelan nueva Lista Engel.
Aquí los mencionados: pic.twitter.com/NkVX0CF5zW— TPHONDURAS (@TPHONDURAS) July 19, 2023
La lista fue creada en 2019 por el entonces Secretario de Estado, Mike Pompeo, y se ha actualizado cada año desde entonces.
Las personas que están en la Lista Engel están sujetas a una serie de sanciones, incluyendo la prohibición de viajar a los Estados Unidos y la congelación de activos. También pueden ser prohibidas de hacer negocios con empresas estadounidenses.
La Lista Engel se ha convertido en una herramienta importante para el Departamento de Estado para presionar a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica para que tomen medidas contra la corrupción y la impunidad. También ha sido elogiada por grupos de la sociedad civil que han trabajado durante años para combatir la corrupción en la región.
Sin embargo, la Lista Engel también ha sido criticada por algunos que argumentan que es una herramienta política que se utiliza para interferir en los asuntos internos de los países de la región.
Hondureños en la lista :
Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente $1,6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida.
Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a los periodistas.
Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una importante corrupción, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por Cachiros.
Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.
Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar.
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