En respuesta a las declaraciones que aseguraban la presencia de asesores internacionales en el proceso de negociación del Convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), el Gobierno emitió ayer jueves un comunicado en el que niega esas aseveraciones.

La reacción se produjo después de que se informara que los mexicanos Jacobo Domínguez y María Antonia Quiroz estaban brindando asesoría al Gobierno en el proceso de negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Ante los rumores que se han esparcido, Casa Presidencial informa que no tiene ningún asesor internacional sobre convenio para la instalación de la CICIH», indicó el Gobierno.

De hecho, según se constató, Quiroz forma parte de la misión de expertos encomendada por la ONU y se desconoce de dónde surgió la información que asegura que ella asesora al Gobierno.

El comunicado de Casa Presidencial enfatizó la importancia de contar con asesores internacionales, pero hasta que el Gobierno y la ONU suscriban el documento que regulará el mecanismo de la CICIH.

Hasta el momento, aclararon que los únicos asesores del Gobierno son los integrantes de la comisión de negociación de la CICIH, que incluye al secretario de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Finanzas y al secretario de Transparencia: Enrique Reina, Rixi Moncada y Edmundo Orellana, respectivamente.

Denuncias

El miércoles, representantes de sectores de la sociedad civil expresaron fuertes reclamos debido a la supuesta presencia de los exfuncionarios de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Jacobo Domínguez y María Antonia Quiroz, como asesores del actual Gobierno en las negociaciones para instalar la CICIH.

Según denuncias públicas, Domínguez y Quiroz habrían participado en la negociación que llevó a la disolución en 2020 de la MACCIH durante la segunda administración de Juan Orlando Hernández (2018-2022), impidiendo la continuación del trabajo de la misión auspiciada por la OEA.

CICIH

La misión de expertos de la ONU y el Gobierno negociarán el convenio de la CICIH, y el Ejecutivo lo remitirá al Congreso Nacional para que, con un mínimo de 65, lo apruebe.

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