La apoderada legal de los trabajadores en conflicto, Melany Maldonado, detalló que el personal de monitoreo y call center está librando una lucha respaldada por la Secretaría de Trabajo, desde hace varios meses, para lograr un reajuste salarial y el pago puntual de sus sueldos por parte de las actuales autoridades del Sistema Nacional de Emergencia 911.

Sin embargo, la causa que ha vuelto a generar conflicto entre los empleados es que supuestamente Miroslava Cerpas, quien fue juramentada como presidenta de la Junta Interventora el pasado miércoles, irrumpió en las oficinas acompañada de colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) con el propósito de ocupar los puestos de operación.

«Entraron arbitrariamente y violentando los derechos de los empleados porque estas personas no están nombradas como empleadas del 911 y tampoco están capacitadas ni han cumplido con el reglamento interno, donde se establece que para entrar a la institución necesitan pasar por un filtro de confianza y demás pruebas», indicó Hugo Maldonado.

«La abogada entró con intentos de abuso de autoridad, diciendo que la huelga era ilegal y que se dieran por despedidos. Esto es para tomarlo con hermetismo y como amenaza. Igualmente han secuestrado información de los empleados», agregó.

En este sentido, señaló que la protesta implica la negativa de atender llamadas y monitorear cámaras en las oficinas del 911 ubicadas en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés. Algunas de estas llamadas están siendo desviadas a otros centros regionales.

No eran colectivos de Libre, era personal de otros turnos

La interventora, Miroslava Cerpas, confirmó la huelga de brazos caídos del personal del Sistema de Emergencia, a pesar de que se les ha pagado puntualmente su salario y no han presentado ninguna solicitud de conciliación para resolver sus problemas.

Por esta razón, la junta «solicitó a personal de otros turnos, dispuesto a trabajar, que se movilizará a las instalaciones del 911 que están dentro de la Secretaría de Seguridad, con el fin que pudiéramos cubrir esas llamadas que dejando de atender injustificadamente», explicó.

La funcionaria mencionó que los empleados amenazaron a sus compañeros que se presentaron a ayudar. También alegó que esta huelga no está amparada por la ley y pone en riesgo la seguridad nacional.

Cerpas calificó la situación como un intento de dañar la imagen de Libre, al afirmar que hubo una irrupción violenta por parte de los colectivos. Además, aseguró que no se produjo ningún enfrentamiento físico o acto violento durante el incidente ocurrido el jueves por la noche.

Cerpas concluyó afirmando que este conflicto puede resumirse como una disputa entre empleados en huelga, la mayoría afiliados al Partido Nacional, y trabajadores que desean laborar, en su gran mayoría pertenecientes a Libre.

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