Un movimiento popular hondureño que el lunes inició un «Ayuno por la vergüenza, la dignidad nacional y la lucha popular en unidad», señaló que el sistema de Justicia de su país no tuvo la valentía para juzgar al expresidente Juan Orlando Hernández, por corrupción y narcotráfico.
«Reconocemos, con profunda vergüenza, que la extradición, juzgamiento y segura condena del narco-presidente es la única Justicia posible contra un criminal de su calaña, porque en nuestro país la institucionalidad y sus funcionarios no tienen la fuerza, la valentía y el patriotismo básico para juzgar a un verdugo como JOH (Juan Orlando Hernández) y su estructura», indicó el movimiento en un comunicado al finalizar hoy el ayuno en Tegucigalpa.
Funcionarios cobardes y serviles.
Señaló además que realizaron el ayuno en la planta baja del Parlamento hondureño porque les «da vergüenza la institucionalidad del Estado hondureño y sus funcionarios, su cobardía y su servilismo a la corrupción y al imperio de Estados Unidos». En el ayuno participaron pobladores de unos trece territorios, algunos de ellos de grupos étnicos como los lencas, maya-chortí y tolupanes, que viven en condiciones de pobreza.
Los manifestantes representan a pueblos en resistencia, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, del medioambiente, del derecho a la igualdad y equidad, y luchadores en contra de la corrupción y por la libertad de expresión. Uno de los coordinadores del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que acompañó el ayuno, Martín Fernández, dijo a Efe que con el ayuno se logró «asumir el compromiso de seguir debatiendo sobre la realidad del país, hoy con aparentemente un nuevo escenario», con el nuevo Gobierno, que preside Xiomara Castro.
Agregó que el movimiento popular hará «demandas puntuales para que se puedan revocar proyectos de energía, igual que se anulen algunas licencias ambientales y tener un aporte en torno a la construcción del país en diversos temas en los que nos vemos abatidos, como tierra, agua y bosques».
Proceso de refundación del país en marcha.
Durante el ayuno, en el que participaron decenas de hondureños de varias regiones del país, se desarrollaron reuniones con algunos funcionarios para «demandarles que asuman la responsabilidad histórica de servir al pueblo y no ser instrumento de los opresores». Los manifestantes indicaron que acudieron al ayuno para seguir asumiendo el rol que le corresponde al movimiento popular desde su inquebrantable autonomía» y que les «mueve la vergüenza, la dignidad y la certeza de que la lucha popular es constructora indetenible del proceso refundacional que está en marcha en el país».
«Llegamos y nos declaramos en ayuno como expresión genuina de la resistencia pacífica activa de los pueblos», subraya la declaración. También reivindicaron la vergüenza que les causa «el hecho de haber sido sometidos al imperio de una elite política y económica que convirtió a Honduras en un narcoestado».
Eso produjo «niveles de pobreza y corrupción indignantes, con el agravante de que el narco-presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de su notorios crímenes, nunca fue juzgado en el país». Por el contrario, la Justicia de EE.UU. le imputa a Hernández «un historial criminal por narcotráfico y corrupción de 18 años consecutivos, extremo que produjo su extradición, que fue ejecutada por las mismas instancias hondureñas que debieron investigarlo, acusarlo, juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo en el país».
El movimiento considera que todavía es posible construir una Honduras de la que todos sus habitantes puedan sentirse orgullosos. Además, abogó para que no se borre de la memoria «el hecho de que durante una década al menos, militares, policías, fiscales, jueces y otros funcionarios se dedicaron a proteger y perpetuar en el poder al cartel liderado por Juan Orlando Hernández».
En contraste, «perseguían, acusaban y encarcelaban a nuestros hermanos y hermanas por defender la voluntad popular, por defender los bosques, los ríos, minerales, la educación, salud pública y todos los bienes estratégicos de la nación», recalcó el movimiento.
También señaló que mientras algunas ONG oficialistas, dirigencias políticas, grupos religiosos, económicos y corporaciones de medios de comunicación celebraban con Juan Orlando Hernández y su cartel, miles de hondureños salieron huyendo del país en una ruta migratoria que los alejaba de todas las violencias directas e indirectas «generadas por el cartel del expresidente».
Hoy, «nuestra vergüenza la convertimos en dignidad y lucha popular y acudimos a denunciar y exigir que se investigue, enjuicie y castigue a los funcionarios que por acción u omisión permitieron, participaron y aseguraron impunidad a los crímenes de Juan Orlando Hernández y su estructura», expresó el movimiento popular. Además, le solicitó al Consejo Supremo Electoral que «se revise y se revoque la personalidad jurídica al Partido Nacional de Honduras (que gobernó durante tres períodos consecutivos, desde 2014), porque su dirigencia lo convirtió en una estructura criminal que atentó contra la democracia, el orden jurídico, los derechos y la dignidad de todos los hondureños y hondureñas»
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