TEGUCIGALPA.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) remitió desde hace varios meses a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), un total 73 expedientes sobre miembros de la Policía Nacional, a los cuales se les detectó que son millonarios.

Fuentes de entero crédito revelaron que entre los bienes están inversiones y dinero en efectivo con sumas millonarias de oficiales en todas las escalas, pero hasta ahora nada se ha hecho.

En julio del año anterior, la CNBS y el ente encargado de la depuración policial, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para articular mecanismos efectivos para la investigación de los delitos financieros en que pudieran estar involucrados los miembros de la carrera policial.

El acuerdo de cooperación se basa en aspectos fundamentales, como la transferencia de tecnología e información sobre los estados financieros de los miembros de la Policía Nacional y sus parientes más cercanos, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Para agosto del 2012, la DIECP solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros información sobre movimientos financieros, que no estuvieran justificados, de 51 miembros activos de la Carrera Policial.

La solicitud involucra al entorno familiar de los servidores policiales, por lo que la información solicitada se amplió a unas 340 personas, en las que se incluían los estudios patrimoniales de la esposa o compañera de hogar del investigado, así como a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

DUDAS

En ese sentido, la CNBS remitió los primeros 73 expedientes de policías, pero las dudas sobre cuál fue su destino y qué pasó con los sujetos investigados y por qué no se judicializaron los casos, dormidos en alguna gaveta, tienen que ser despejadas.

Para el caso, recientemente se reveló que la DIECP cuenta con los estados financieros de los comisionados de policía, René Maradiaga Panchamé, el comisionado general Alan R. Nájera Martínez, el comisionado José Leiva Natara y el excomisionado Jorge Barralaga Hernández.

Aunque muchos han reprobado las pruebas siguen en adentro de la institución. Aunque muchos han reprobado las pruebas siguen en adentro de la institución.

En el caso de Maradiaga Panchamé, se estableció que tiene dos empresas de transporte –Transportes Maradiaga y Maradiaga Express– y en sus extractos bancarios del 2007 al 2012 posee movimientos de 9,120,373.26 lempiras (origen conocido) y 5,871,198.81 lempiras son de (origen desconocido), sin embargo su saldo en cuentas es de 254,237.83 lempiras.

El extitular de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) y jefe de varias regiones en todo el país, posee además cuatro terrenos, 47 vehículos pesados, dos vehículos livianos y una motocicleta, pero también se investiga a 18 familiares.

De Nájera Martínez se supo que posee una empresa de transporte denominada “Transportes El Progreso” y que sus finanzas reflejan 3,052,704.89 lempiras (origen conocido), mientras que 200,000 son de origen desconocido y entre sus propiedades están  siete terrenos, 25 buses y dos vehículos.

SE ESCONDE

Sobre Leiva Natara, fue imposible para las autoridades conocer la información de sus finanzas, pero se sabe que posee varias empresas.

Otro de los oficiales millonarios es Barralaga Hernández, quien tiene una empresa con el nombre ETEJAB y tiene fondos por el orden de los 13, 342,550.76 lempiras, mientras que el dinero del que no se sabe la procedencia asciende a 3, 486,836.22 lempiras.

Y que además posee tres vehículos, 28 unidades de transporte pesado y cuatro terrenos.

En relación a estos casos, el director adjunto de la DIECP, Mario Chinchilla, refirió que “hay acumulación de información de distinta índole en el campo financiero de cada uno de los investigados, unos 98 y sumados a sus familiares sobrepasan los 300”.

Las autoridades de la DIECP tienen que explicar qué está pasando con la limpieza de la Policía. Las autoridades de la DIECP tienen que explicar qué está pasando con la limpieza de la Policía.

Según explicó, se ha priorizado en 14 casos, cuatro de los cuales están en conocimiento del Ministerio Público (MP) y los otros 10 los siguen analizando, pero ya se informó a las Fiscalía de la Corrupción, la Fiscalía de Privación de Derecho de Dominio y de Crimen Organizado y la de Derechos Humanos en algunos aspectos.

Sobre la procedencia ilícita, dijo que eso es lo que están buscando y luego remitir las pruebas al Ministerio Público para que esté presente a los tribunales los casos sustentados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

TODAS LAS ESCALAS

Los informes que ha enviado la CNBS a la DIECP establecen fuertes sumas de bienes para elementos de todas las escalas. Desde generales, directores, hasta subinspectores y miembros de las escalas básicas.

En sus declaraciones, el titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, deja entrever que esta labor no solo es del ente que él rectora, ya que este año se han enviado 63 nombres con casos sustentados al MP, en donde hay oficiales de los altos niveles para que se erradiquen las acciones, pero no se sabe cómo avanzan los procesos.

Mientras que el año pasado se emitieron 230 resoluciones que afectan a otros tantos miembros de la DIECP y se trasladaron en cumplimiento de la Ley Especial para la Depuración de la Policía, a la Secretaría de Seguridad, pero solo siete elementos se han separado.

Para aclarar todos estos aspectos, a partir de mañana los diputados increparán a Villanueva, al fiscal general de la República, Luis Rubí y al secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla y a la cúpula policial.

En la comisión especial que programa la comparecencia de los operadores de justicia se manejan datos interesantes sobre los pobres resultados del proceso de depuración policial que se viene siguiendo.

La jugosa información que recibió la DIECP se debió agregar al estudio patrimonial de oficiales y policías clases que son investigados, porque había sustancia para llegar hasta el fin de la investigación.

Además, que si se confirma la procedencia ilícita de esa inusual riqueza, llegar hasta el requerimiento fiscal, pero nada ha pasado en un año de operación de los depuradores policiales, explicó la fuente.

SOLICITUD

La sociedad civil está demandando que se acelere el proceso para sanear los malos elementos de la institución.  La sociedad civil está demandando que se acelere el proceso para sanear los malos elementos de la institución.

La decisión de llamar a una rendición de cuentas de los altos funcionarios de Estado en materia de seguridad y justicia surgió del planteamiento presentado la semana anterior por la coalición de organizaciones, denominada Alianza por la Justicia (APJ), que presentó al Congreso Nacional un informe sobre la inseguridad que vive el país.

En un comunicado oficial, solicitó que el Presidente Porfirio Lobo Sosa remueva de su cargo a los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, por su deficiente desempeño en sus funciones y falta de resultados.

Que se ponga en ejecución un proceso acelerado de depuración que priorice la aplicación de pruebas de confianza a los altos mandos policiales que han dirigido y dirigen la Policía Nacional.

Que el Congreso Nacional llame a rendir cuentas al ministro de Seguridad, al fiscal general de la República y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para evaluar su desempeño y sus resultados.

En función de esta rendición de cuentas, exigieron que CN tome las medidas correctivas que cada caso amerite.

Además, que el Congreso Nacional faculte al Poder Ejecutivo para que tome medidas excepcionales a fin de reducir los crímenes contra la vida, extorsión y crimen organizado.

En el largo listado de peticiones, la APJ incluyó la investigación de casos emblemáticos por un equipo especial con apoyo técnico internacional, que se nombren nuevas autoridades con reconocida capacidad y con el apoyo de expertos internacionales para que intervengan áreas específicas de la institucionalidad pública.

Que se sumen a la labor fuerzas de tareas ad-hoc para procesos de investigación criminal y seguimiento a casos judicializados por el MP y casos juzgados por los jueces del Poder Judicial, a fin de aclarar si las acciones de los fiscales y los jueces fortalecen el Estado de Derecho o contribuyen al debilitamiento institucional.

Aunque la DIECP cuenta con las investigaciones, los resultados no se ven.

Aunque la DIECP cuenta con las investigaciones, los resultados no se ven.
*Cortesia La Tribuna

Solo 22 casos ha resuelto el MP
Informes del Ministerio Público (MP) indican que han recibido de la DIECP “varios” expedientes y que le han dado respuesta concreta a 22 casos. Entre los cuales seis requerimientos fiscales contra varios miembros de la Policía por los delitos de apropiación indebida, abuso de autoridad, detención ilegal y falsificación de documentos.De estos requerimientos se tienen procesados a 12 policías, pero en 4 casos los elementos están con medidas sustitutivas, uno está con prisión preventiva y el otro tiene una orden de captura librada.De los 22 casos, se hicieron 5 cierres administrativos, además existen 7 casos en los que el MP consideró bastante avanzadas las investigaciones, pero se están ampliando las diligencias porque se considera que existen otros delitos.En 2 expedientes no hay conclusión de investigación, por tanto están con requerimiento de investigación, a otros 2 expedientes se les está elaborando el proyecto de requerimiento fiscal y existen más de 30 sobre casos de más gravedad y de compleja investigación.
ALGUNOS CASOS 
NOMBRE CARGO DELITO QUE SE IMPUTA 
Víctor Manuel Zelaya Suazo Policía Apropiación indebida
Santos Francisco Ordóñez Policía Lesiones, daños y amenazas
Franklin David Escalante Baquedano Subinspector Abuso de autoridad
Paul Alberto Reyes Suboficial Abuso de autoridad
Magín Blandón Martínez Clase I Abuso de autoridad
Francisco Castro Policía Abuso de autoridad
Nelson Yoban Ordóñez Policía Abuso de autoridad
Rafael López Policía Preventivo Detención ilegal y abuso de autoridad
Félix Orlando Cerritos Gonzales Policía Preventivo Detención ilegal y abuso de autoridad
Martha Aracely Sánchez Zúniga Policía Preventivo Detención ilegal y abuso de autoridad
Flérida Ondina Dávila Policía de Tránsito Falsificación de documentos
Lester Danery Cárdenas Policía de Tránsito Falsificación de documentos