El abogado José Ramón Coto, dio a conocer que, unos 150 oficiales de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que fueron separados en la administración del general Tito Livio Moreno Coello, preparan demanda contra el Estado de Honduras para su reintegro y pago de salarios dejados de percibir.
En ese sentido, el representante legal de los oficiales explicó que ya hay demandas interpuestas en los tribunales de la República, principalmente en lo contencioso administrativo, otras que todavía están en proceso y otras que se están preparando para que se exija el reintegro de los oficiales o se les haga justicia.
Asimismo, dijo que aún no tienen el monto preciso de la demanda, pero adelantó que será millonaria porque hay oficiales que tienen más de 30 años de servicio, lo que implica toda una vida laboral, además, por el pago de salarios dejados de percibir.
Coto indicó que lo peor es que la ciudadanía es la que va a pagar esas demandas millonarias porque al final el funcionario “irresponsable” no es el que paga esas cantidades millonarias, sino el pueblo.
Por lo anterior, el togado cree que debería haber una ley para que sean los funcionarios quienes paguen con sus bienes como un correctivo para que piensen muy bien antes de tomar una decisión arbitraria que después puede traer este tipo de repercusiones.
Estafados
Por otra parte, los exoficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras que fueron separados durante la administración de Tito Livio Moreno Coello, denunciaron ser víctimas de estafa por parte de una organización defensora de derechos humanos.
Así lo indicó Carlos López, teniente coronel en retiro de las FF.AA., quien precisó que se trata de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh).
Un total de 20 miembros de las Fuerzas Armadas acudieron a Joprodeh por asesoría legal para demandar su suspensión, pero fueron víctimas de estafa, manifestó.
Explicó que el organismo defensor de derechos humanos les solicitó un adelanto de dinero para proceder con la demanda, pero la misma no se efectuó.
Al acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo se dieron cuenta que el número de expediente y de demanda corresponde a un grupo de médicos y no a ellos, explicó.
La demanda por estafa ya fue presentada al Ministerio Público (MP), informó al tiempo que exigió se tomen cartas en el asunto.
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