En los últimos meses, Gabriela Castellanos ha objetado varias acciones del Congreso Nacional (CN), entre ellas, la aprobación de la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", calificada por el CNA y otros sectores como un "pacto de impunidad".

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró ayer martes que esa organización de sociedad civil no será parte de la domesticación política en Honduras, un mensaje sobre el que no indicó el destinatario, pero se hace cuando algunas voces advierten que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro pretende debilitar esa institución.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Castellanos indicó que, entre los objetivos de las «dictaduras» está desmantelar a las organizaciones que se convierten en la voz de la sociedad y más cuando estas critican sus actos.

«Uno de los objetivos de toda dictadura es desmantelar las organizaciones que constituyen la voz de la sociedad que busca desaparecer, como pensamiento crítico de sus actos. CNA y su lucha transformadora no será parte de la domesticación política», escribió la directora ejecutiva del CNA.

 

 

 

 

 

En los últimos meses, Gabriela Castellanos ha objetado varias acciones del Congreso Nacional (CN), entre ellas, la aprobación de la «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan», calificada por el CNA y otros sectores como un «pacto de impunidad».

Asimismo, Castellanos ha cuestionado la legalidad de la actual Junta Directiva de ese Poder del Estado, que está presidida por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.

La diputada del Congreso Nacional, Maribel Espinoza, advirtió esta semana que el proyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, que fue introducida en el Congreso Nacional, tiene como trasfondo debilitar al CNA.

El texto de la iniciativa establece que desaparece el Foro Nacional de Convergencia y en su lugar se crearía la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, misma sustituiría a esta entidad en la Asamblea General del CNA.

El titular de la Mesa sería el ministro de Planificación Estratégica, es decir, Castro tendría a un funcionario del Ejecutivo ante la máxima instancia del CNA.

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