El representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, dijo que, la intención de eliminar el Fondo Departamental, pero crear al mismo tiempo el Fondo de Ayuda Comunitaria, está destinado al fracaso, pese a que en el Congreso Nacional (CN), quiera “maquillar” su transparencia.
A las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizaciones de la sociedad civil como la ASJ, cuestionan las pretensiones desde el Congreso Nacional de revivir el cuestionado Fondo Departamental, bajo este otro nombre, una propuesta hecha desde el partido Libertad y Refundación (Libre).
“Abrir el debate de la reactivación del Fondo Departamental a dos meses de la elección de la Corte Suprema de Justicia obviamente genera suspicacia. Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner las medidas de control desde el Congreso y siempre va a destinarse para el fracaso”, expresó Lester Ramírez.
Asimismo, agregó que “históricamente, los Fondos Departamentales que han existido, además de la corrupción que han producido, también han servido para disciplinar a las facciones que están en lo interno de los partidos políticos, premiar a los que son considerados leales y castigar a los que no cooperan”.
Fuentes a lo interno de Libre aseguraron que ya fue negociada la entrega de un millón de lempiras para cada diputado oficialista por concepto del Fondo.
Un estudio realizado por la ASJ, devela el despilfarro de dinero que se dio entre los años 2007 y 2018, con estos fondos que fueron proporcionados a cientos de legisladores durante esos 11 años.
Durante ese tiempo el Congreso Nacional desembolso a los congresistas 2,340 millones de lempiras, sin embargo, solo la ínfima cantidad de un poco más de 62 millones fue auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El Fondo Departamental es iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), y nunca ha gozado de buena reputación.
En su momento, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.
Hasta finales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Fondo Departamental lo manejó el presidente del Congreso Nacional, pero cuando asumió Juan Orlando Hernández, en enero de 2014, su distribución quedó a discreción del Ejecutivo.
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