Una de las condiciones que el gobierno plasmó en la contrapropuesta enviada a la Organización de Naciones Unidas (ONU) es que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sea un ente de acompañamiento y no que acuse directa e independientemente a los actores corruptos.
En uno de los apartados del documento, el gobierno manifiesta que no renunciará expresa o tácitamente al ejercicio de la acción penal pública a través de sus instancias nacionales.
“El tema de la acción penal es monopolio del Ministerio Público y que la CICIH ayude en la investigación”, admitió el canciller Enrique Reina.
El gobierno pretende que la comisión pueda proponer reformas y abrogaciones de leyes que frenan el combate a la corrupción, como el actual Código Penal.
Algunos analistas consideran que el gobierno engañó con su promesa, pues se espera que la Comisión tenga mayores facultades.
“Los dientes es que la CICIH tenga facultades de tener sus propios fiscales para interponer los requerimientos en los tribunales, en Guatemala la Cicig sí tenía esos dientes y se suponía que un modelo similar iba a venir porque si no es así entonces es la misma Maccih.
Los de Libre ofrecieron una CICIH con dientes”, aseveró Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista.
Por otro lado, Joaquín Mejía, un defensor de derechos humanos, expresó que “la ciudadanía no quiere una Maccih 2.0 sino una una CICIH independiente, con capacidad de investigación”.
Para el juez de sentencias Mario Díaz, “la CICIH debería tener la potestad de la acción penal porque entonces su labor puede ser limitada”.
Se prevé que la Comisión anticorrupción auspiciada por la ONU pueda llegar en 2023.
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