La PGR, Sefin y el BCH mantienen la postura de no entregar ni un tan solo lempira a la caja única del tesoro para el pago de la demanda.

La ministra de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rixi Moncada, anunció ayer viernes que no cumplirá una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de pagar 2,600 millones de lempiras a la empresa estadounidense DRC Emergency Services, que ganó una demanda por suspensión de un contrato de obras de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch en 1998.

«Asumimos, desde la Secretaría de Finanzas, efectivamente, nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la caja única del tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial», expresó Moncada en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

La negativa a cancelar la millonaria suman se basa en que, según Finanzas, la demanda ya había sido desestimada por un tribunal de Estados Unidos, a donde se sometió el caso, pero los demandantes luego recurrieron a la justicia nacional, la que les dio la razón.

De acuerdo a Moncada, el Poder Judicial ordenó el embargo de la cuenta de la Tesorería General de la República para que se hiciera efectiva la cancelación de dinero, pero ello pone en riesgo el pago de salarios de los empleados públicos, indicó la funcionaria.

«Vamos a privilegiar el interés social ante el interés particular y frente a este sentencia prevaricadora que nos deja sin poder pagar las planillas (…) actuaremos con la responsabilidad que el momento histórico demanda», expresó Moncada.

La funcionaria indicó que la Procuraduría General de la República, a partir de la administración 2022, ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia, entre recursos de reposición, apelaciones, oposiciones, amparos, entre otros, que no fueron escuchados.

Además, la ministra de Finanzas espera que con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras comience a condenar las redes de corrupción público-privadas que operan en connivencia con el Poder Judicial.

«Honduras requiere de un impulso potente contra la corrupción por eso la necesidad de que la CICIH venga al país con absoluta independencia para investigar, acusar y condenar las redes de corrupción público privada especialmente de alto impacto y en materia financiera que operan en el país con la connivencia del Poder Judicial»,

Finalmente Moncada aseguró que es una obligación desmontar las redes de corrupción debido a que el pueblo hondureño en esta década ha pagado más de 15 mil millones de lempiras.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el procurador general de la República, Manuel Diaz Galeas.

Deuda USAID-FISH

Sefin emitió un comunicado de prensa en el que explica en qué consistió la demanda por parte de la empresa extranjera y por qué considera que la demanda es improcedente.

En primera instancia, explica que después del huracán Mitch, en el año 1998, la USAID a través del FHIS, financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC Inc, un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.

Para ejecutarlas la empresa DRC subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a nuestro país a fiscales especiales, quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.

En 2007, la empresa DRC sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.

En 2009 este proceso, «sin mediar ley», fue trasladado a un Centro de Conciliación y Arbitraje que «armaron» en el Colegio de Abogados de Honduras, donde «de forma veloz» se dictó una resolución o laudo internacional y «sin tener ninguna facultad» condenaron al Estado a pagar a la empresa DRC los supuestos daños y perjuicios por la suspensión del contrato, dice el comunicado.

La empresa DRC INC presentó demanda contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal en Washington DC., con fundamento en el laudo arbitral internacional que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras, indica el comunicado.

En octubre de 2014, la Corte Federal en Washington, dictó sentencia declarando que la República de Honduras «no tiene obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS y que Honduras tiene inmunidad soberana».

Pero «después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo postgolpe ( de Estado en 2006) , FHIS, Sedecoas, PGR, y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años, se emitió el falló contra el Estado.

Fue así que 2020, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó al Estado a pagar a la subcontratada NAINSA 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales, señala el escrito.

Finalmente, el comunicado remarca que el Poder Judicial aplicó el embargo de la cuenta de la Tesorería por 2,600 millones de lempiras, pero no aclara si dentro de este monto se encuentra los 351.1 millones por daños y perjuicio a NAINSA y los otros 42 millones por honorarios.

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