La Secretaría de Derechos Humanos responsabilizó a los Juzgados de Letras de Roatán por la forma en que se procedió al desalojo en la comunidad garífuna en Punta Gorda, en el departamento de Islas de la Bahía.
Esta dependencia brindó una conferencia de prensa en Casa Presidencial señalando que el juzgado actuó de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y en contraposición de representar los intereses de la sociedad.
Indicó que el desalojo por orden de un juez debe cumplir las garantías y estándares mínimos de derechos humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantía de reubicación y no utilizar la violencia.
En ese sentido, instó a la Secretaría de Seguridad y a los entes correspondientes de cumplir con estos lineamientos.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, cita el pronunciamiento.
Exhortó a la búsqueda de soluciones concertadas que no criminalicen, no judicialicen a los defensores de derechos humanos.
Hoy martes, las seis personas detenidas durante el desalojo fueron liberados bajo la figura de medidas cautelares distintas a la prisión.
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