La Corte de Apelaciones designada ordenó eliminar la medida de arresto domiciliario a seis excongresistas y una persona natural por el caso Red de Diputados, luego que un juez de letras designado realizó la audiencia de notificación de los recursos de apelación que se admitieron.
La resolución de la Corte de Apelaciones designada fue imponer la prohibición de salida del país a los imputados y que firmen cada 15 días en el libro de registro de los juzgados.
Juez de Letras Designado realizó audiencia de notificación de resolución por los Recursos de Apelación admitidos por la Corte de Apelaciones Designada que ratificó el Auto de Formal Procesamiento por Malversación de Caudales para 6 exdiputados y Apropiación Indebida para uno. pic.twitter.com/G20ZbhUxW8
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 1, 2022
Asimismo, se ratificó la medida de auto de formal procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos para los exdiputados y por apropiación indebida para un imputado.
Los excongresistas implicados son: Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Eleazar Alexander Juárez Saravia y Dennis Antonio Sánchez Fernández.
El caso Red de Diputados es una investigación del ente acusador que determina que los imputados en el momento que fueron congresistas se apropiaron ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.
Presuntamente los exdiputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, mismos que eran entregados a una ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
Los congresistas implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias (Anpibch), la cual percibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000. 00 lempiras, entre el 14 y 21 de diciembre de 2015.
En total se trasladó a esta ONG, un total de 8 millones 300 mil lempiras, incluyendo fondos del Congreso Nacional.
La Uferco siguió la ruta del dinero y comprobó que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos, cuestionó el MP.
La estructura de la Red de Diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, entre quienes figuran Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.
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