En menos de 24 horas, el Consejo Supremo Electoral dominado por el régimen sandinista eliminó a través de la suspensión de personería jurídica a dos partidos políticos con quién se enfrentaría en las próximas elecciones de noviembre del 2021.

Ayer, el reverendo Saturnino Cerrato del Partido de Restauración Democrática, PRD, principal aliado de las fuerzas opositoras que surgieron en abril del 2018, con el estallido social, informó que el Consejo Supremo Electoral suspendió su partido político luego que pastores aliados al régimen impugnaran al partido.

Tamára Dávila, miembro de la Coalición Nacional dijo la tarde de ayer que la suspensión de personería jurídica representa el temor de Daniel Ortega para enfrentarse a las elecciones de noviembre del 2021.

“El zarpazo del Ortega el día de hoy quitándole la personalidad jurídica al PRD es una muestra clara de que el orteguismo está realmente asustado de que aquí tengamos elecciones libres y transparente. Sabe que el bloque opositor aglutinado en la Coalición Nacional representa realmente la firme voluntad de desmantelar, de realmente garantizar justicia a las víctimas y de realmente garantizar que aquí haya un país en libertad y un país en donde todos podamos trabajar y vivir dignamente”

Además agregó que “Esta es la muestra clara de una dictadura que se sabe débil y es la muestra clara de una oposición que estorba, que incómoda precisamente porque su compromiso no son cohabitar sino eliminar asesinos y a dictadores como los Ortega y Murillo. Desde la Unidad Nacional (Azul y Blanco) estamos comprometidos con la lucha cívica; vamos a seguir comprometidos con la unidad de las fuerzas de oposición para denunciar esta esta nueva estrategia del régimen y vamos a seguir movilizándonos y haciendo llamados contundentes para que haya una vía cívica y una salida cívica que nos permita vivir nuevamente.”

Por su parte, Alfredo César, del Partido Conservador especificó que esta mañana recibió “una notificación de una página que dice: El CSE resuelve, único, cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador, notifíquese para todos los efectos de ley”.

Organismos de derechos humanos como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos catalogó como “lejana la posibilidad de que se realicen elecciones libres y transparentes en Nicaragua”.

Seguido lamentó la instrumentalización del órgano electoral para ejecutar un fraude electoral en el país.

Con esta acción, el régimen Ortega Murillo apuesta a la reelección por cuarta vez consecutiva, y que sumaría un total de 20 años en el gobierno.

Las elecciones del 2021 se dan en un contexto de crisis política, sumada a la crisis humanitaria que ha generado la inacción del Ministerio de Salud frente a la pandemia del COVID-19. A su vez, la represión gubernamental ejecutada por grupos armados ilegales a fines del régimen sandinista y parapoliciales en las calles aumenta la inseguridad de los ciudadanos nicaragüenses.

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