Proteger a la infancia y jóvenes no es una prioridad para Honduras, lo que se refleja en la nula implementación de la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud en el país, donde 158 personas menores de 29 años han sido asesinadas este año, alertaron este viernes expertos.

«Cuando las políticas existen y no se implementan solo se está evidenciando que la niñez y la juventud no es un tema de prioridad en la agenda de los diferentes gobiernos», dijo a Efe el coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez. Aseguró que «ha sido muy difícil lograr ese compromiso de las instituciones» para implementar la Política de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud en Honduras, elaborada en 2013.

El Parlamento hondureño tampoco «ha priorizado» el presupuesto nacional para que la política nacional «pueda ser una realidad» y contribuya a reducir la violencia contra la niñez y la juventud, añadió.

Hoja de ruta. 

Vásquez indicó que la política nacional sirve como «hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia hacia la niñez y la juventud» en Honduras. Atender la violencia «generalizada” en Honduras es «una responsabilidad de la ciudadanía, los sectores organizados, la cooperación internacional, pero lo más importante es el compromiso y la obligatoriedad política de quienes están al frente de las instituciones», señaló.

Un total de 158 personas menores de 29 años, muchos de ellos niños, han sido asesinadas en Honduras en el primer trimestre de 2022, según cifras de Coiproden. Del total de muertes, el 74 % (117) de las personas tenían entre 19 y 29 años y el 26 % (41) eran menores de 18 años, de acuerdo a las estadísticas.

La violencia en Honduras «es estructural, la violencia no solo es la pérdida de las vidas humanas, también tiene que ver cuando los niños y jóvenes mueren por falta de atención en salud, medicamentos, desnutrición o no tienen las condiciones de seguridad social y ciudadana», enfatizó.

Más voluntad política. 

Luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, en el país centroamericano «no ha habido voluntad política», indicó el activista, quien dijo que confía en que el Gobierno de Xiomara Castro podrá generar los cambios que «Honduras necesita». Criticó «la incompetencia» de las autoridades durante los últimos 12 años para detener la violencia y pidió a la Administración de Castro, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), demostrar «capacidad, compromiso, voluntad política» y “construir una nueva institucionalidad garante y respetuosa de los derechos humanos».

Vásquez abogó por promover la «sensibilización de la sociedad» para combatir la violencia en Honduras, donde los operadores de Justicia deben actuar con «independencia». «En la medida que la sociedad normaliza (la violencia) y la asimila como lo más normal, es difícil que nosotros la podamos acabar. Debemos tener la cultura de la denuncia y entender que toda forma de violencia es inaceptable», subrayó.

Enorme deuda.

Garantizar la seguridad a niños y jóvenes es una «deuda enorme» que tiene Honduras, indicó a Efe la exfiscal hondureña de la Niñez Nora Urbina. «Hay una deuda enorme con la niñez y la juventud, sobre todo si tomamos en consideración que casi el 50 % de la población de Honduras es adolescente y joven, por lo que todas las políticas y esfuerzos deberían estar encaminadas a satisfacer sus necesidades», subrayó.

Una de las necesidades “fundamentales» de la niñez y juventud de Honduras es prevenir y disminuir la violencia, señaló Urbina, quien lamentó también la no aplicación de la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud por la falta de voluntad política y recursos.

Señaló que la sociedad «no puede aceptar la normalización de la violencia» e instó al Estado a establecer «una ruta de trabajo» encaminada a prevenir la violencia y fortalecer las instituciones públicas.»Es un gran desafío» garantizar la seguridad ciudadana en Honduras, afirmó la exfiscal hondureña, quien recomendó trabajar de «manera dura y articulada»

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