La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló a través de un comunicado, que en el silencio de la madrugada y “siguiendo prácticas del pasado”, el Congreso Nacional (CN) sigue aprobando decretos de interés nacional.
Lo anterior luego que, en un solo debate, este jueves 12 de enero de 2023 fue aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año en curso.
En ese sentido, la ASJ valora que la Comisión del Presupuesto del CN haya invitado a distintos sectores a dar sus recomendaciones sobre el proyecto de ley; sin embargo, de acuerdo con sus observaciones y a lo expresado por la diputada Ligia Ramos -miembro de la comisión especial-, las modificaciones al documento fueron casi nulas y se aprobó tal como lo envío el Poder Ejecutivo.
En comparación a 2022, el presupuesto aumenta en 27 por ciento y genera varias preocupaciones, entre las cuales la ASJ señala las siguientes:
El aumento del presupuesto para 2023 es inconsistente con la realidad nacional. El presupuesto general de Honduras es el más grande en Centroamérica, representa 47 % del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que en el resto de países de la región es menor al 27 %. En otras palabras, la mitad de lo que produce el país es absorbido mediante un instrumento que no ha dado resultados en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Presupuesto de la ENEE podría invertirse en educación y salud. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha tenido la asignación presupuestaria más alta en los últimos 10 años. Aun así, para 2023 las transferencias a la empresa crecen 128 % en comparación a 2022. Sin la gigantesca asignación a la ENEE, este año se podría doblar el número de maestros, doctores y medicamentos, en favor de los hondureños más vulnerables.
Fondos para educación y salud continúan disminuyendo. En la última década, la asignación a educación pasó de 16 % a 10 % en proporción al presupuesto total. Las asignaciones para educación y salud siguen disminuyendo para 2023, en comparación a 2022 y en proporción al presupuesto total.
Lucha contra la corrupción no se refleja en la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria para la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción tiene una asignación de apenas L 157.1 millones, aun cuando sus funciones son importantes para garantizar mejoren los índices de transparencia en el país.
“Desde la ASJ continuamos trabajando para que el sistema estatal funcione. Expresamos que la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República debe basarse en garantizar derechos fundamentales, como servicios de educación y salud con calidad y calidez, especialmente para la población más vulnerable”, añade el escrito.
Asimismo, que una conversación motivada históricamente por cálculos políticos e intereses aislados al bien común no ha permitido que el presupuesto sea un verdadero instrumento de desarrollo.
“Es importante recordar que, en el pasado, mediante prácticas corruptas, se ha instrumentalizado la asistencia social contribuyendo al clientelismo político en lugar del verdadero desarrollo. El Congreso Nacional tiene la responsabilidad, por ley, de garantizar una asignación de fondos en pro de la justicia y la transparencia”, agrega.
Asegura que, como parte de la sociedad civil, continuará velando por el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, a través del monitoreo y evaluación de la ejecución del Presupuesto General de la República, a fin de asegurar que los fondos lleguen a la población más necesitada y a propiciar el desarrollo económico y social de Honduras.
Comentar