Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica fue citado por diputados de la Asamblea Legislativa por el caso de supuesto espionaje a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, misma que operó hasta el 2020 en una oficina de Casa Presidencial y que motivó a la fiscalía a abrir una investigación que incluyó un allanamiento a la residencia presidencial.

“Todo el trabajo que se hizo con el análisis de datos para generar conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones del Gobierno ha sido y fue hecho de buena fe y para servirle mejor a Costa Rica”, recalcó Carlos Alvarado a los diputados de la Asamblea Nacional.

El caso de la UPAD, es uno de los temas más controversiales en los últimos dos años del periodo del presidente Alvarado, este decreto para el uso de la información de instituciones del Estado salpicó a funcionarios de Casa Presidencial que provocó la despedida de varios asesores del presidente de Costa Rica.

“El equipo que trabajó estaba amparado el artículo 139, inciso 3 y en el artículo 140 inciso 8 de la Constitución, así como en el artículo 26 de la Ley General de la Administración Pública que le otorga al Presidente el mandato de dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada. Es decir, me da el mandato de dirigir y coordinar las instituciones de este país”, defendió el presidente Alvarado.

Carlos Alvarado, al momento de ser interrogado por los diputados afirmó que no recuerda el momento en que firmó el decreto, a pesar que varios funcionarios están involucrados.

“Yo no recuerdo las circunstancias en que firmo los cientos de decretos que firmo”, dijo Alvarado.

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