El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) expresó su preocupación por «los débiles signos hacia la desmilitarización del Estado» de Honduras «y la sociedad, así como al establecimiento de un nuevo sistema de protección de los derechos humanos».
La preocupación del Cespad, que dirige Gustavo Irías, es recogida en un informe del organismo bajo el título «A cuatro meses de gestión: Aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro», que además señala que «en cuatro meses, aún son pocos los logros en la dirección de revertir el retroceso registrado en el Estado de derecho en 12 años de autoritarismo, lo cual indica que no será ni fácil ni rápido avanzar en este enorme reto». El documento, presentado en Tegucigalpa, hace una valoración sobre el presupuesto nacional y las prioridades seleccionadas por el actual Gobierno (que asumió el 27 de enero), y las consideraciones sobre los avances y los desafíos en la recuperación del Estado de derecho y los derechos humanos.
El Cespad, no gubernamental, considera que es oportuno contribuir con algunas reflexiones sobre el camino que está tomando la administración de Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009. La valoración del Cespad se centra en tres aspectos, Estado democrático de derecho y derechos humanos; Transparencia y lucha contra la corrupción, y Justicia ambiental y derechos humanos.
El ente considera además que, el actual, es un momento histórico para Honduras y para la región centroamericana porque marcó el fin de un largo régimen autoritario y el inicio de un difícil período de transición por la restauración y transformación de la democracia hondureña, después de doce años del conservador Partido Nacional, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, quien el 21 de abril fue extraditado a EE.UU., que lo acusa por narcotráfico. «Por eso es oportuno el análisis y el debate público periódico», indicó el Cespad, que además considera que es necesario «destacar los logros, advertir los riesgos y hacer propuestas, para que quienes detentan el poder no pierdan el rumbo y no se aparten de los mandatos que la ciudadanía espera».
El estudio señala además que en cuatro meses del nuevo Gobierno, se registra un esfuerzo por modificar las prioridades nacionales encaminadas a fortalecer el rol del Estado en el desarrollo nacional (energía eléctrica, infraestructura, recursos naturales, arte y derechos humanos), revertir la privatización de los bienes públicos y recuperar el gasto social (educación y salud). No obstante, el importante peso en el presupuesto del pago de la deuda pública y del gasto militar es una fuerte restricción para modificar sustancialmente estas prioridades, añade.
Según el Cespad, desde una perspectiva democrática, debería ser de alta preocupación la fuerte proporción que aún mantiene el gasto militar en el presupuesto nacional.
Avances en lucha contra la corrupción.
El estudio también expone una mirada sobre la situación de las mujeres y sus derechos, hace un rápido repaso sobre la situación de la transparencia y la lucha contra la corrupción y, finalmente, realiza una valoración sobre la problemática agraria y socio-ambiental. Señala además que el importante peso en el presupuesto del pago de la deuda pública y del gasto militar es una fuerte restricción para modificar sustancialmente las prioridades del Gobierno.
«Desde una perspectiva democrática, debería ser de alta preocupación la fuerte proporción que aún mantiene el gasto militar en el presupuesto nacional», resalta el informe. En lo que respecta al tema sobre corrupción y transparencia, el Cespad destaca que se registran avances notables en el área de anticorrupción y transparencia, y que son innegables los avances en la ruta por la instalación de la CICIH (Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), con el apoyo de las Naciones Unidas, entre otros aspectos.
El estudio indica que en lo referente a la justicia y bienes comunes naturales, se observa el regreso del Estado a la gestión territorial y ambiental. «Sin embargo, siguen pendientes acciones políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política extractivista del despojo del territorio y la política agraria de la concentración de la tierra, en un contexto de amplio control no estatal y ecocidios territoriales, durante 12 años de política estatal extractivista y agraria conservadora y mercantilista», según el Cespad.
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