El inspector de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, aseveró que se están respetando los derechos humanos de los hondureños, en los operativos ejecutados bajo el estado de excepción decretado en barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La fuente policial remarcó que el objetivo principal del estado de excepción es combatir la influencia negativa de las estructuras del crimen organizado asociadas a maras y pandillas.
En ese sentido, comentó que esperaban que hubiera algunos grupos en contra de la medida, para contrarrestar el delito de la extorsión.
No obstante, explicó que, al crearse y plantear una estrategia, se analizan todas las aristas, y no se van a realizar actividades policiales contra la ley o que vulneren un derecho constitucional de los hondureños.
“Es por eso que dentro del marco de este PCM 29-2022 se observa que no hay ninguna restricción de locomoción para la población, se suspenden algunas garantías constitucionales en cuanto a los allanamientos que si bien la ley los justificaba entre las 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde o casos excepcionales donde la Policía Nacional podía allanar sin orden judicial una vivienda, esto queda en pausa debido a esta modificación por estado de excepción”, indicó.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad reiteró que con el estado de excepción no se va a generar ningún tipo de abuso, pues también hay coordinaciones con la Fiscalía del Ministerio Público.
Las cosas han quedado claras entre los operadores de justicia para no generar violaciones a los derechos humanos y que este tipo de acciones no puedan entorpecer el proceso legal en cada persona que sea requerida por un hecho constitutivo de delito, sostuvo.
El Gobierno de Honduras determinó mediante decreto instaurar un estado de excepción parcial en más de 160 colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La ordenanza, que inició el pasado 6 de diciembre, estará vigente hasta el 6 de enero de 2023.
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