El proyecto de la Ley de Defensa y Seguridad fue discutida la noche del miércoles en el Parlamento hondureño, pero no pasó la aprobación en su segundo debate.

El proyecto de la Ley de Defensa y Seguridad que pretende aprobar el Congreso Nacional (CN) permitía clasificar información «por motivos de seguridad nacional», así como excluir del ente a los titulares del Legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

La iniciativa de ley que fue discutida la noche del miércoles en el Parlamento hondureño, no pasó la aprobación en su segundo debate, por lo que la misma deberá de debatirse en un tercer y última discusión.

Varios de los congresistas aseguraron que no respaldaron el proyecto debido a que se les socializó apenas una hora antes de su discusión, por lo que no tenían claro su contenido y se abstuvieron a su aprobación.

«Una ley tan importante para el país no puede ser discutida a mata caballos ni a la carrera, ese ha sido nuestro compromiso con el gobierno de la señora Xiomara Castro», comentó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

La polémica iniciativa indica que cada instancia representada en el Consejo de Defensa y Seguridad es responsable de la administración, protección, clasificación, desclasificación y acceso de la información que genere o custodie, en los términos de la Ley, y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Agrega que la información que será reservada «por motivos de seguridad nacional» será cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Defensa y Seguridad Nacional.

Ley de Secretos

EL Legislativo derogó la polémica Ley de Secretos el pasado 2 marzo. La Ley de Secretos fue aprobada bajo la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) el 24 de enero de 2014.

Esta normativa facultaba al presidente de Honduras y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial como «reservada» o «confidencial».

También podía clasificarla como información «secreta» y «ultrasecreta», lo que permitía prohibir su publicación durante 15 o 25 años.

Exclusión de altos mandos

La nueva Ley de Defensa y Seguridad deja por fuera del consejo a los titulares del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público y Fuerzas Armadas.

Es decir, la nueva conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será integrada por el titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto; además, los ministros de Gobernación y Justicia; de Defensa Nacional; de Seguridad; canciller de la República; y el procurador General de la República.

La conformación quedaría así: Xiomara Castro (asistida por dos secretarios); Tomás Vaquero; José Manuel Zelaya Rosales; Ramón Sabillón; Enrique Reina y Manuel Díaz Galeas.

La misma normativa determina que las reuniones que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mantenga con el Poder Ejecutivo serán de carácter reservado, como un tema de seguridad nacional.

Umaña señaló que la nueva Ley «le devuelve la independencia a los poderes del Estado», al excluir la figura del Fiscal General y del presidente de la CSJ.

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