El Ministerio Público presume que Yolany Batres y otros seis señalados defraudaron al Estado hondureño por más de 7.8 millones de lempiras en 2014.

El Ministerio Público acusa a la exministra de la secretaria de Salud, Yolany Batres, por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios y solicita alerta roja internacional para efectuar su captura, puesto que no se encuentra en el país.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanó este día la vivienda de la exsecretaria, implicada en la suscripción irregular de contratos, en la colonia Loarque, de Comayagüela, Francisco Morazán.

Asimismo, la Fiscalía acusa por este caso a la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz y el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño.

Además, a la ex coordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero, y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.

De los antes mencionados, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) confirmó la captura de Gladys Paz, Lolita Cordero, Luis Zelaya y Cristian Sánchez.

Hechos

El Ministerio Público presume que los siete señalados defraudaron al Estado hondureños por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00) entre marzo y septiembre de 2014 en la «adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud».

En tal sentido, según las investigaciones las contrataciones violaron la ley y disposiciones de presupuesto, buscando favorecer a personas y empresas con procesos directos.

«Se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública», señaló la Fiscalía.

Ante esto, las diligencias apuntaron que las empresas beneficiadas fueron ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat; igualmente se determinó que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente.

Acusación

La UNAF detalló que la acusación contra Edna Yolany Batres Cruz, Gladys Hermelinda Paz Díaz y Benelio Alvarado Membreño es por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Del mismo modo, contra Lolita Vanessa Cordero por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios como autora.

Finalmente, contra Héctor Rolando Figueroa por nueve delitos de fraude como cooperador necesario, contra Luis Gerardo Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario y contra Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario.

Catalina Torres Gámez

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