El ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana, dijo que el decreto 116-2019 que protege a diputados de investigaciones debe derogarse porque de eso depende la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Por lo anterior, solicitó a la bancada del Partido Nacional (PN), “rectifique” su posición y vote a favor de la derogación de dicho decreto, de lo contrario, pondría en riesgo la llegada de la comisión anticorrupción.
“Como estamos de mal que sigue siendo importante el combate de lucha contra la corrupción, cuando debió haber sido un problema resuelto desde hace muchos años”, expresó Orellana.
Agregó que recurrir al rescate del país requiere tomar medidas drásticas, situación que revela lo mal que está la nación, por lo que, ello contempla la modificación de leyes, elección de nuevas autoridades, decisiones administrativas, revisar y construir nueva institucionalidad, “que la misma sea sólida y eso demanda formar una nueva funcionalidad para generar una nueva cultura en el país”.
El funcionario dijo que, llegada de la CICIH, depende de la postura en el Congreso Nacional del Partido Nacional ya que “ellos se oponen a que se derogue el decreto 116-2019, el cual protege a los diputados sinvergüenzas que se robaron el dinero de sus electores”.
“Ya pasó el segundo debate, pero no se somete a un tercero porque no se tiene mayoría en vista que ellos no quieren dar la votación. “El riesgo es que si no se aprueba no se puede volver a someter la derogación en esta legislatura y habría que esperar la próxima. Eso no permitiría que venga la CICIH ahorita”, añadió.
“Espero que la bancada nacionalista rectifique y racionalice correctamente esa actitud”, concluyó el ministro de la Secretaría de la Transparencia.
El decreto 116-2019, es una polémica normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, y cuya eliminación está presente dentro del memorando de entendimiento entre el Gobierno y Naciones Unidas, con miras a la instalación de una CICIH.
Este decreto le impide a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) ejercer acción penal en contra de un legislador acusado por corrupción, sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
El TSC puede tardar hasta seis años y, en consecuencia, varios diputados se han visto beneficiados con sobreseimientos definitivos a raíz de ello.
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