Las declaraciones del funcionario surgen para responder a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otras organizaciones de la sociedad civil quienes presentaron un informe sobre la situación educativa del país.

Daniel Eponda, ministro de la Secretaría de Educación, dijo este martes que la sociedad civil no tiene argumentos sólidos para desacreditar el concurso de docentes próximo a realizarse en este mes de agosto.

Las declaraciones del funcionario surgen para responder a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otras organizaciones de la sociedad civil quienes presentaron un informe sobre la situación educativa del país y en el que piden se posponga el concurso docente 2022 y de directiva departamental, para que hay un proceso más transparente.

“Es una ley que el concurso debe ser en agosto y en agosto lo vamos a hacer”, dijo el ministro Esponda, quien además aseguró que el concurso para los maestros será el más transparente de la historia de Honduras “la revisión de los resultados será pública”, externó.

En ese sentido, añadió que “esa gente -de la sociedad civil-, no tiene ningún elemento para decir que el concurso no será transparente, es más, ellos ni siquiera están validados para venirnos a criticar”.

 “Ellos -ASJ- no dijeron nada cuando en Educación nombraron a un veterinario, economista y médico epidemiólogo, además, acompañaron una administración de un ingeniero forestal y hoy que somos lo educadores los que dirigimos la Secretaría de Educación, salen con este tipo de campañas”, reprochó.

Por su parte desde la sociedad civil, en palabras de Dennis Cáceres, director de educación de la Asociación para una Sociedad más Justa, es del criterio que el mencionado concurso enfrenta problemas legales, porque no sé tiene que olvidar que la Ley Fundamental de Educación está vigente y el mismo se ha organizado con el Estatuto del Docente.

En ese sentido, el experto en educación considera que las autoridades de la Secretaría de Educación tienen que aclarar estos puntos antes de aplicar las pruebas de evaluación a los docentes porque de lo contrario estarían haciendo un concurso ilegal, además el proceso carece de transparencia porque no hay una veeduría incluida en el procedimiento.

Catalina Torres Gámez

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