Tegucigalpa. Como parte de las Asistencias Jurídicas Internacionales solicitadas por el Ministerio Público en el caso de los Hospitales Móviles, se ha logrado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenara el aseguramiento de L101,777,602 (ciento un millones, setecientos setenta y siete mil, seiscientos dos lempiras) que equivalen a más de cuatro millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems propiedad de Axel Gamaliel López Guzmán, quien está acusado en el Requerimiento Fiscal presentado ante el circuito anticorrupción junto a Marco Bográn y Alex Moraes.
Dicha petición fue emitida por un juzgado de privación de dominio el pasado 9 de marzo de 2021, luego que el Ministerio Público hiciera la petición formal, fue así que después de realizar los trámites mediante Asistencia Jurídica Internacional la Corte de Washington D.C. recibió la orden de aseguramiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde se notifica al banco JPMorgan Chase se proceda a congelar los fondos.
Como se recordará, el Estado de Honduras pagó a la empresa de Axel López más de 47 millones de dólares por la compra de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento, cuyo costo real, según facturas en poder de la Fiscalía, fue de 26 millones 500 mil dólares, lo que representa que cada hospital junto a su planta de tratamiento tuvo un valor de dos millones 500 mil dólares, existiendo una diferencia entre lo pagado por Invest H y el costo real de aproximadamente 21 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 500 millones de lempiras.
El Ministerio Público ha solicitado a los Estados Unidos la ampliación de las Asistencias Jurídicas en donde se pidió el informe de los movimientos de cuentas bancarias a nombre de Elmed Medical System con el propósito de seguir el destino de esos pagos hechos por nuestro país.
El Ministerio Público reitera a la población, que su trabajo lo realiza seria y responsablemente, además esta investigación demostró que las compras se hicieron al margen de la ley, sin garantías de calidad de cumplimiento, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago, por lo que se trabaja arduamente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas sin descartar ampliar las acusaciones.
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