Se han vuelto más encontradas las posiciones sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha afirmado que la Ley de la Junta Nominadora contiene cambios importantes: Los candidatos serán autopropuestos, las organizaciones podrán postular a «notables» y la matriz de calificación será ha sido revisada.
Pero los sectores de la oposición política, de un segmento de la alianza, de ONG´S, de la empresa privada y de la iglesia, han planteado que solamente la presión social puede evitar que en Honduras sea integrada una Corte Suprema de Justicia mucho más contaminada que la actual.
Estos sectores críticos sostienen que lo que se avizora es la elección de magistrados afines al partido en el poder y al servicio de la aplicación condicionada de las leyes.
Esto sería posible, porque fueron eliminados todos aquellos artículos que impedían la participación de activistas, miembros activos y funcionarios de instituciones partidarias, así como las inhabilidades para quienes enfrenten algunos procesos legales.
Ya lo adelantó el diputado de LIBRE, Carlos Zelaya: el partido apoyará a quienes pertenezcan a sus filas y que aspiren en convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es una señal de que al máximo tribunal llegarán incluso quienes fueron beneficiados con la Ley de Amnistía Política, además de figuras que forman parte del Gabinete?
Ojalá que la Junta Nominadora haga su papel y que la sociedad civil no abandone su misión de presionar frente a la intención de los políticos de elegir a los profesionales del Derecho allegados a sus conveniencias, ha expuesto el exfiscal, Edmundo Orellana Mercado.
Honduras tenía la esperanza de que se establecieran las bases para integrar una Corte Suprema de Justicia que no responda a la corrupción ni a las consignas del crimen organizado. La duda es si se perdió del todo esa expectativa.
Algunos legisladores del Partido Salvador Honduras han acusado a quienes antes pidieron el retorno al Estado de Derecho, pero hoy han sepultado o limitado la posibilidad de tener una Corte Suprema de Justicia independiente y confiable.
Investigadores del tema jurídico han reparado, en su mayoría, que Honduras ha perdido la oportunidad histórica de cimentar el camino hacia una Corte Suprema de Justicia independiente.
La Red por la Equidad Democrática, ha reprochado que la Ley de la Junta Nominadora ha quedado en «papel mojado», porque no garantiza que los aspirantes a magistrados sean los más idóneos y probos.
Concebir nuevamente una Corte Suprema de Justicia a la talla y medida de los políticos es un «suicidio judicial». Lo que se avizora es que Honduras tendrá una «Temis ultrajada», ha criticado el ex jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández.
Y líderes de la iglesia católica, como es el caso del sacerdote Juan Ángel López, ha interpretado: «cuando la ética y la integridad valen menos que la filiación política y que el compadrazgo, la conciencia y la justicia pierden su clase».
Consumada en el Congreso Nacional la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora, todos los sectores de la hondureñidad están llamados a vigilar todo el proceso de postulación y elección de los magistrados para rescatar la independencia del Poder Judicial.
Comentar