El Canciller de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina, dijo escuetamente que en las reuniones sostenidas con la Secretaría General y equipos del organismo internacional “el tema de la legalidad y legitimidad de la junta directiva no ha sido punto de agenda, condición o duda”.

El titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina, aseguró hoy viernes que la legalidad o legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN) no es una condición de las Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

En ese sentido, el canciller reaccionó a declaraciones que dio el diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, quien asegura que para que el mecanismo anticorrupción venga al país, es necesario que se proceda a legalizar la junta directiva.

Por ello, Reina dijo escuetamente que en las reuniones sostenidas con la Secretaría General y equipos del organismo internacional “el tema de la legalidad y legitimidad de la junta directiva no ha sido punto de agenda, condición o duda”.

Cabe señalar que, luego de que una misión técnica compuesta por representantes de al menos cinco dependencias de las Naciones Unidas explorara el contexto hondureño y las necesidades de combatir la corrupción e impunidad, han trascendido públicamente varios Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de la CICIH.

El primero, con autoría atribuida a la Secretaría de las Naciones Unidas, y, el segundo, al Gobierno de la República. Entre ambos hay similitudes en su contenido, pero en lo sustancial hay profundas diferencias, las cuales son tan marcadas que al final se convierten en dos propuestas de naturaleza irreconciliables en cuanto a la modalidad y a la finalidad misma de cada una.

Alice Shackelford y el Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina.

En resumen, la propuesta de las Naciones Unidas es contar con una CICIH con autonomía para constituirse en acusador privado independiente del Ministerio Público, mientras que la del Gobierno es contar con una CICIH que acompañe al Ministerio Público bajo la figura de querellante adhesivo. Las diferencias entre una y otra facultad son determinantes para la finalidad que se busca.

El ministro de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, aclaró en los últimos días que la Comisión Internacional contra la CICIH no vendrá para hacer actos protocolarios, sino para actuar contra los corrutos.

Al mismo tiempo, señaló que están expectantes a un cuarto memorándum, esperando que sea el último, para finalmente definir la instalación del ente anticorrupción.

Orellana sostuvo que tienen tres memorándums intercambiados con el gobierno hondureño y falta un cuarto que venga de las Naciones Unidas, por lo que no descarta, este sea el definitivo, para que la CICIH se instale en el país centroamericano.

Marcos Rodriguez

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