Producto de la protestas de servidores del Ministerio Público, Medicina Forense suspendió los servicios desde el pasado lunes los servicios de levantamiento e identificación de restos mortales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) facultó a jueces de paz en materia penal, en coordinación de la Policía Nacional y Secretaría de Salud, efectuar servicios forenses en la ausencia de un fiscal en la escena donde yace el fallecido.

Después de realizar le acta de levantamiento, si la morgue judicial no recibe los cadáveres debido a las huelgas, estos serán entregados a los familiares o personas que reclamen los cuerpos, manifestó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid.

Sin embargo, este procedimiento no es el que preocupa a las autoridades, sino los casos en los que nadie reclame los restos mortales.

«El problema es que no lleguen a traerlos porque son indigentes o no tienen hogar y viven en la calle, qué va a hacer la Policía con ese cadáver si no tiene la facultad de resguardarlo, ni tiene almacenamientos de cuartos fríos como la morgue», manifestó.

El funcionario recordó que el almacenamiento es obligación del Ministerio Público, pero la morgue judicial no están recibiendo cadáveres como parte de las protestas de fiscales que exigen un reajuste salarial.

Civiles que realicen levantamientos serán sospechosos

El comisionado Martínez manifestó que las personas, ya sean familiares, que decidan hacer levantamientos de cadáveres antes del arribo de jueces o agentes de la Policía podrían ser considerados presuntos responsables de la muerte.

«Quien dice que ellos no hayan dado muerte a una persona y los levantan (…) quienes levanten un cuerpo están violando la escena de un crimen -dado el caso- incluso se les puede librar orden de captura», especificó.

Asimismo, el portavoz indicó que no importará el grado de afinidad que tenga el infractor con el fallecido, será tomado como sospechoso si incurre en modificar la escena.

Protesta del Ministerio Público

Desde el pasado 6 de febrero trabajadores del Ministerio Público se mantienen en protesta exigiendo un reajuste salarial, solicitado -sin respuesta- al fiscal general, Óscar Chinchilla, el 19 de enero del presente año.

Los servidores solicitan un incremento del 9.8% al sueldo base y un aumento del 13 al 15% por concepto de «costo de vida».

El pasado 20 de febrero las autoridades del Ministerio Público informaron que desde el 11 de noviembre de 2022 se solicitó una ampliación presupuestaria al Congreso Nacional para cubrir el incremento salarial, entre otros gastos, aún están a la espera.

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