La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un llamado para que se adopte un nuevo marco legal para la Junta Nominadora que garantice una elección de magistrados del Supremo del país transparente y basada en méritos.
La Junta Nominadora debe garantizar «que la próxima elección —de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia— se realice con base en criterios de idoneidad, capacidad, integridad y competencia», indicó la OACNUDH en un comunicado. «Un Poder Judicial independiente e imparcial es esencial para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho», indicó por su parte la representante de la OACNUDH en Tegucigalpa, Isabel Albaladejo.
Agregó que la elección de magistradas y magistrados del poder Judicial «se presenta como crucial para el sistema democrático y requiere del fuerte compromiso de las instituciones y los sectores políticos y sociales a efectos de establecer y aplicar criterios de selección y nombramientos objetivos y transparentes basados en los méritos de los candidatos y candidatas». Las nuevas autoridades del Supremo de Honduras asumirán en 2023, lo mismo que el nuevo fiscal general del Estado.
La OACNUDH también valora positivamente las medidas adoptadas por el Estado hondureño para avanzar hacía un nuevo marco legal para la Junta Nominadora, como son las tres propuestas de leyes que actualmente se encuentran en el Parlamento pendiente de dictamen, discusión y aprobación por el pleno de sus diputados.
Los señalamientos de la OACNUDH surgen en momentos en que algunos sectores, entre ellos diputados de varios partidos de oposición, advierten que el Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder, estaría buscando controlar el Supremo, como ha ocurrido en los últimos doce años, que gobernó el Partido Nacional, los últimos ocho con Juan Orlando Hernández como presidente del país.
Albaladejo señaló que la oficina que preside «apoyó técnicamente al poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el desarrollo de un proyecto de ley que incorpora estándares internacionales de derechos humanos y experiencias comparadas, y que dotaría a Honduras de un marco legal robustecido para la elección de magistrados y magistradas».
El nuevo marco legal incorporaría criterios de selección claros y medibles, mecanismos de veeduría y participación ciudadana que incluyen la presentación de impugnaciones en la designación de representantes en la Junta Nominadora, así como contra candidaturas a magistrados y magistradas. «También, incluye mecanismos de rendición de cuentas, como la obligación de fundamentar y publicitar las decisiones de la Junta Nominadora y un enfoque de género y de derechos humanos», subrayó la diplomática.
Para la OACNUDH, «la independencia del poder Judicial es un principio esencial en un Estado democrático». Por eso, la próxima elección de las máximas autoridades del Supremo presenta una oportunidad para que Honduras «pueda fortalecer el Estado de derecho y la independencia de poderes, la lucha contra la impunidad y corrupción, así como la tutela efectiva de los derechos humanos, incluyendo los de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad».
La OACNUD también reiteró su compromiso de apoyar técnicamente a las instituciones del Estado en ese objetivo e invitó a postularse a las personas que reúnan los requisitos legales y las cualidades técnicas, personales y profesionales que el cargo de magistrado y magistrada de la Corte Suprema de Justicia requiere. Desde el retorno del orden constitucional en Honduras, en 1980, el sistema judicial ha sido salpicado por múltiples denuncias de corrupción de jueces y magistrados, por lo que son muchos los sectores que no creen en la Justicia del país centroamericano.
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